Luego de la más que anunciada
rueda de prensa de las autoridades monetarias y económicas del país, las
expectativas que se habían generado los distintos actores económicos en la
búsqueda de señales que permitan la reactivación de la economía venezolana, y
reglas de juego más claras para la adquisición, distribución y
aprovisionamiento de mercancías para la sociedad, fueron desinfladas con las
medidas aplicadas por los planificadores del nuevo sistema cambiario.
Dólar preferencial, dólar barato
El establecimiento de controles
de cambio tiene una posibilidad casi infinita de herramientas y mecanismos para
el control tanto del precio de venta, como la cantidad o volumen de divisas que
se negocien en el sistema administrado. Uno de estos mecanismos que ha usado el
gobierno en distintos momentos y que se mantiene con el nuevo esquema anunciado
es el de precios diferenciados, es
decir, el establecimiento de dos o más niveles de precios de acuerdo al uso y
destino de las divisas asignadas.
En el pasado este mecanismo se
aplicó con la intención de favorecer a aquellos sectores que requerían, para el
facilitar su proceso productivo, de insumos importados que no existieran en el
mercado nacional, y que no afectaran de una manera importante su estructura de
costos. De esta manera es natural que aquellos sectores beneficiados sean
aquellos para generar capacidades productivas, bien sean importación de bienes
de capital, bien sea financiamiento de estudios en el extranjero (como forma de
inversión social).
El problema que plantea este
régimen, es que induce a un proceso de arbitraje por parte de los buscadores de
renta, quienes buscan favorecerse de un precio “artificialmente” barato de la
divisa, y poder tener ganancias súbitas al transar lo asignado en un mercado
paralelo, o a través de mercancías relativamente caras. El sistema discrecional
y discriminatorio (la autoridad cambiaria decide a quién otorgarle el beneficio
y a quién no) se hace vulnerable a mecanismos de soborno y corrupción por parte
de quienes luchan por ser “favorecidos” por el precio preferencial de la
divisa. De esta manera, todo régimen diferenciado reproduce espacios de
corrupción y de discriminación en la asignación de las divisas.
En la actualidad, de los anuncios
realizados en la citada rueda de prensa se entiende que: el Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX) establece una tasa de cambio preferencial de 6,30
Bs/$, en la que se debe destinar el 70% de las asignaciones totales a las
importaciones de alimentos y medicinas que satisfagan el consumo interno a lo
largo del año 2015. Lejos de este anuncio está la generación de capacidades
productivas para el impulso de la economía interna, bien sea de la industria de
los alimentos, o la industria farmacéutica, lo que implica una política que retrasa la activación
de dichas industrias al tener que competir con la importación artificialmente
barata que favorece el gobierno, bien sea a través de la Corporación de
Comercio Exterior, o bien sea a través de las asignaciones discriminatorias
hechas por CENCOEX.
En un segundo plano queda el
Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD), que en teoría funciona bajo
un mecanismo de subastas complicado y poco transparente, que al final del día
sólo se soporta por la oferta de divisas que hace el gobierno (quien tiene el
control de la gran mayoría de las divisas del país) y que es quien anuncia la
tasa final del intercambio derivado de la subasta. Su inicio se establece a
partir de una tasa de 12Bs/$ y puede fluctuar en función de las jornadas de
adjudicación que realice el Banco Central de Venezuela. Este mecanismo está
destinado a dar fondos a las distintas industrias del sector productivo para la
adquisición de insumos para la producción nacional y contará con el 30%
restante de las asignaciones totales de divisas por parte del gobierno central.
Una tasa de 12 Bs/$ luce de igual manera sobrevalorada en comparación con
precios de referencia tales como la Paridad del Poder Adquisitivo (30 Bs/$ aproximadamente)
o la relación de Reservas Internacionales versus Masa Monetaria llamado también
dólar implícito (MM/RI 95 Bs/$). Esta brecha genera la expectativa que el tipo
de cambio en el SICAD se vaya devaluando a lo largo del tiempo, lo que encarecería
la producción nacional dependiente de insumos importados.
Lo semántico es importante, el SIMADI
El creado Sistema Marginal de
Divisas (SIMADI) tiene la importancia de favorecer a la legalización de un
mercado paralelo que se había generado a partir de la creación de controles de
cambio, y más aún con la eliminación del mecanismo de permuta de títulos
valores denominados en dólares. En la actualidad, este ha marcado un precio de
referencia en el comercio transfronterizo de aproximadamente 190 Bs/$, lo que
implica una tasa 30 veces mayor al tipo de cambio oficial. El significado de
marginal aplica perfectamente en las disposiciones del gobierno, ya que
advierte que el 100 % de divisas serán asignadas a los mecanismos antes
expuestos, y sólo aquellas divisas “adicionales” son las que participarían en
el SIMADI. De esto surge la pregunta principal, ¿de cuáles fondos se surtirá
este sistema para operar de forma “abierta y libre” tal como fue anunciado? Una
suposición lógica sería a partir de los fondos privados que estén dispuestos a
vender en dicho mercado, pero el problema fundamental es, ¿de dónde sacarán
dólares los productores privados si no participan del comercio internacional?
El riesgo latente
La necesidad de haber propuesto
un nuevo sistema cambiario obedece esencialmente a la escasez de divisas que
tienen las cuentas externas de la economía venezolana. Uno puede advertir que
la caída de los ingresos petroleros pueden afectar esta posición externa pero
que, de manera estructural, ésta ha venido presentando dificultades derivadas
de la exacerbación de la dependencia en las exportaciones petroleras, sin
generar fuentes alternas de atracción de recursos externos (bien sea por
exportaciones no petroleras o por Inversiones Extranjeras), lo que ha llevado a
un estancamiento de los ingresos en un
escenario de necesidades de importaciones crecientes, y una posterior amenaza a
las cuentas comerciales del país.
Aunado a esta situación que compromete al
saldo de la balanza comercial venezolana, se presenta de manera más evidente la
necesidad de honrar deudas contraídas en el pasado reciente, lo que ha elevado
nuestra deuda externa a una razón 5 veces mayor que las Reservas
Internacionales (22 mil millones de US $) lo que hace evidente una necesidad de
recursos creciente, en un escenario de caída de los ingresos en divisas.
Esta situación es la que motiva a
generar criterios de ahorro y de escasez en la adjudicación de divisas y, hasta
ahora, el mecanismo expuesto (70% CENCOEX -30% SICAD) sólo muestra una orientación
hacia la satisfacción del consumo presente, sin mostrar indicios de fomentar
medios que fomenten la generación de capacidades productivas que reduzcan la
dependencia de recursos externos, bien sea por la disminución de la
importaciones por sustitutos nacionales, o por el impulso del sector
exportador. Y esta tendencia, de mantenerse en el futuro cercano aumentará los
desequilibrios externos ya que, este
nuevo mecanismo de pagos no favorece ni a la reducción de la demanda de
divisas, ni al aumento de la oferta de dólares, bien sea por bienes exportables
o por inversiones, lo que acentúa en el porvenir la necesidad de una fuente de
financiamiento externa extraordinaria.
La sombra del Default
En lo transcurrido del año 2015,
(apenas mes y medio), las expectativas negativas han venido creciendo de manera
acelerada, llevando a las principales calificadoras de riesgo (S&P, Moodies)
aumentar el riesgo crediticio sobre los bonos de Deuda Publica Nacional
venezolanos, y la consecuente amenaza acerca del impago de los compromisos de
deuda externa, conocido también como Default.
Si bien, Venezuela tiene un stock
de activos en el extranjero que pueden ser liquidados para afrontar necesidades
de pago en el corto plazo, esta acción implicaría una descapitalización que
implicaría la pérdida de CITGO como empresa de comercialización de
hidrocarburos en el mercado norteamericano, así como la venta de refinerías en
el Caribe, y “cuentas por cobrar”, con
descuentos importantes. Todo lo mencionado apunta a que las medidas tomadas en
materia económica hasta los momentos, no resuelven el problema de fondo de las
capacidades productivas del país, y lo colocan al borde de tomar la difícil
decisión de acudir a una fuente de financiamiento masivo externo, o declarar la
moratoria de pagos su Deuda Externa.
Luis Angarita
