MANIFIESTO DE PROFESORES DE LA UCV

El 1º de noviembre de 2016, se dio lectura pública en rueda de prensa, al Manifiesto de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), acto que tuvo lugar en el Auditorio de la APUCV. 
Quienes suscriben este documento son una muestra de las adhesiones que se registraron para el momento de la lectura ante los periodistas. Estamos seguros que se suman muchas otras firmas y compromisos de actuación de quienes forman/formamos parte de la comunidad de profesores de la Universidad Central de Venezuela.

APUCV convoca al profesorado: contribuir con la restitución del Hilo constitucional

“Si no hay justicia para el pueblo

Que no haya paz para el gobierno”

                               Emiliano Zapata

LA APUCV CONVOCA AL PROFESORADO A CONTRIBUIR CON LA RESTITUCIÓN DEL HILO CONSTITUCIONAL 

Con estricto apego a lo establecido en el Artículo primero de la Ley de Universidades, que define a la misma  como “esencialmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en  la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”, acuerda dirigirse a nuestros agremiados, a quienes nos toca educar y a la sociedad venezolana para exponer con rigurosidad metodológica nuestra posición con respecto a los últimos acontecimientos que afectan el destino de la nación.

Los valores trascendentales del hombre tienen su origen en la Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano (1789) la cual, en su artículo dos, establecía que “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”

De igual manera establecía en su artículo tercero que “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.” Y en su artículo diez y seis  estipulaba que “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.”

Esos valores trascendentales fueron recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948,  firmada por el Estado Venezolano.

Dicha declaración en su Preámbulo señala que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”; y que “es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”

En correspondencia con tales valores y principios la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  reconoce que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que  los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos (art.5) que el  Estado garantizará  los derechos humanos, su respeto por los órganos del Poder Público (art.19) y que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (art.23).

Es con fundamento en el análisis de estos derechos y las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional, los Tribunales de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral que ratificamos la pérdida del hilo constitucional y por ende el establecimiento de un gobierno dictatorial. Tal conclusión se deriva de los siguientes hechos violatorios de la Constitución:

a)      Corresponde a la Asamblea Nacional aprobar el presupuesto de la nación (art.187, #6) y no al TSJ, organismo que desconoció una institución del Estado emanada de la soberanía popular y que tiene entre sus atribuciones designar a los integrantes del TSJ.

b)      Los Tribunales penales no tienen competencia en el área electoral y por  ende su decisiones  estuvieron al margen del derecho, más aún cuando las evidencias que supuestamente evidenciaban un fraude electoral fueron desechadas y el CNE  convalidó el 1% de la firmas recolectadas.

c)       El CNE, al posponer la recolección del 20%  convalidó una  actuación ilegal de los Tribunales Penales,  desconoció un derecho constitucional, obviando que  “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (art.25)

d)      Todo lo anterior evidencia la ausencia de separación de poderes y la absoluta subordinación de los mismos a los intereses del partido  de gobierno.

La Junta Directiva de la APUCV con fundamento en los artículos 333, 350 constitucional y en la Declaración Universal de los Derechos humanos resuelve:

1)      Exhortar al profesorado a dar ejemplo de apego a la Constitución y la Ley de Universidades, dando lectura de este texto en los salones de clase y debatirlo con los alumnos.

2)      Invitarlos a la Asamblea General Universitaria a llevarse a efecto el lunes 24 de octubre, a las 9 am,  en la Plaza Cubierta del Rectorado, razón por la cual la actividad normal debe ser suspendida y sustituida por la asamblea de los ciudadanos universitarios.

3)       Ante la ruptura del hilo constitucional denunciado por la Asamblea Nacional, solicitar un nuevo pronunciamiento del Consejo Universitario

4)      Exhortar a los miembros de la comunidad universitaria a movilizarse en el marco de la resistencia pacífica y acompañar todas aquellas acciones  dirigidas a restablecer la democracia en el país.

5)      Respaldar a la Asamblea Nacional en todas aquellas acciones dirigidas a preservar la constitución y restablecer la democracia en Venezuela.

6)      Invitar a las Asociaciones de Profesores hermanas a pronunciarse públicamente.

7)      Hasta tanto no se restituya el hilo constitucional nos declaramos en estado de emergencia 

Caracas, 23 de octubre de 2016.

Acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela, en Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos 23.10.2016

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos ACUERDO PARA LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que el día 20 de Octubre del presente año, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, decidieron sin fundamentos sólidos e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho a revocar al pueblo venezolano, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación;

CONSIDERANDO

Que Venezuela ha asumido válidamente compromisos internacionales relacionados con la garantía de la democracia y de los Derechos Humanos;

CONSIDERANDO

Que está pendiente la designación de tres rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, los cuales fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; y que el desempeño que, la mayoría de ellos, han tenido desde esa fecha conspira contra la democracia y revela una evidente parcialidad política, y que está en curso la designación de dos rectores principales con sus suplentes, cuyos períodos vencen en diciembre de este año;

CONSIDERANDO

Que en diciembre de 2015, de manera irregular y fraudulenta se designaron Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución y el derecho de participación ciudadana; los cuales junto a los demás magistrado, en su desempeño han terminado de desmantelar el estado de derecho, subordinándose a las órdenes del poder ejecutivo,

CONSIDERANDO

Que está en curso una investigación sobre la probable doble nacionalidad del Presidente de la República, la cual debe concluir a la brevedad; que Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada, y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado las funciones constitucionales de la Presidencia de la República,

CONSIDERANDO

Que la Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar y defender la Constitución, en lugar de subordinarse a una parcialidad política y que la obediencia debida no los exime de responsabilidad por la violación de Derechos Humanos,

CONSIDERANDO

Que en virtud del artículo 333, todos los ciudadanos estamos en el deber y derecho de restablecer la efectiva vigencia de la constitución.

ACUERDA

PRIMERO: Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela.

SEGUNDO: Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia.

TERCERO: Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de Referendo Revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela.

CUARTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.

QUINTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho. SEXTO: Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la materia.

SÉPTIMO: Conformar una comisión especial de alto nivel parlamentario encargada de desarrollar y definir las decisiones emanadas de este acuerdo para restituir el orden constitucional.

OCTAVO: Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

NOVENO: Convocar al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el art 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del Orden Constitucional.

DÉCIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

HENRY RAMOS ALLUP Presidente
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ Primer Vicepresidente	JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Segundo Vicepresidente
ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS Secretario	JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario

Declaración Conjunta: APUCV - FCU - APUFAT

Como instituciones representativas del profesorado, el estudiantado y los profesionales de la UCV...

DECLARACION CONJUNTA

Las Juntas Directivas de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y la Asociación de Profesionales Universitarios en funciones Administrativas y Técnicas, reunidas el día de hoy, luego de evaluar la actual situación nacional, acuerdan pronunciarse en los siguientes términos.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Nacional es el pacto social que nos dimos los venezolanos para garantizar el progreso social y la convivencia pacífica, en virtud de lo cual  todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo

Que siendo Venezuela  un Estado democrático,  social  de Derecho y  Justicia, que propugna como valores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, resulta inadmisible la decisión gubernamental de impedir todo proceso electoral en abierta complicidad con otras instituciones del Estado.

Que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, ejerciéndola directamente en la forma prevista en La Constitución y la ley, e indirectamente, mediante el sufragio siendo  un derecho constitucional  revocar el mandato de los funcionarios electos.

Que los ciudadanos  cumplieron con los requisitos constitucionalmente establecidos para convocar un proceso revocatorio del ciudadano Presidente de la República, y  es obligación del Consejo Nacional Electoral garantizar dicho derecho sin crear  requisitos inconstitucionales  que buscan retrasar  el proceso  revocatorio negando así el derecho  del pueblo a pronunciarse libremente. 

Que la aprobación del presupuesto de la nación es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y no de una inexistente asamblea popular o del Tribunal Supremo de Justicia

Que siendo mandato expreso de la Ley que las universidades  contribuyan  con la orientación doctrinaria del país, nos vemos en la obligación de denunciar  la desaparición del Estado de Derecho en Venezuela y, por ende el fin de la democracia y el establecimiento de una dictadura.

Las razones que nos conducen a tan grave afirmación están contenidas en el Informe que presentó el Secretario General de la OEA  ante el Consejo Permanente para invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana púes en el mismo  se evidencia la violación de los  elementos esenciales de la democracia: El "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[...]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.   

Como instituciones representativas del profesorado, el estudiantado y los profesionales de la UCV

ACORDAMOS

1)      Respaldar la decisión de la Asamblea Nacional de desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que  contrarían  valores, principios y garantías  democráticas y lesionan  derechos fundamentales.

2)      Participar en un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

3)      Emplazar al CNE para que fije el cronograma de realización del Referéndum Revocatorio al mandato del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, en el año 2016.

4)      Exhortar al Consejo Universitario de la UCV a fijar posición sobre la situación nacional y a  evaluarla con rigurosidad académica la validez de las decisiones adoptadas por  la Asamblea Nacional. Como decía Desmond Tutu: "si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor".

5)      Recordar que la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece  que “toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.”

6)      Ratificar que es atribución de la Asamblea Nacional discutir y aprobar el presupuesto nacional, razón por la cual la decisión del TSJ usurpa una función que no le compete  y, por mandato constitucional su decisión es ineficaz y sus actos nulos.

7)      Ratificar que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, y en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, razón por la cual debe cesar en el uso del término Fuerza Nacional Bolivariana, desconocer las milicias populares y dejar de reconocerse chavista.

8)      Recordar a  quienes compete que ° Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

9)      Reivindicamos el  Artículo 350 que señala. ° El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

10)   Acompañar todas las acciones que sean necesarias para recuperar la democracia y poner fin a un gobierno que violando la Constitución desconoce derechos humanos.

11)   Hacer público el presente acuerdo, remitirlo a la Asamblea Nacional, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a la Organización de Estados Americanos, a la UNASUR y a las Naciones Unidas.

12)   Hacer entrega del mismo en todas las embajadas del país.

Víctor Márquez Corao                  Hasler Iglesias                   Ángel García Butto

 Presidente de APUCV            Presidente de la FCU       Presidente de APUFAT

Publicado en Boletín de APUCV Informa Nº 694 del Caracas 18/10/2016

Comunicado FCU-UCV: Nuestras libertades son irrevocables.

COMUNICADO

Ante la situación actual del país, desde la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), manifestamos nuestro rechazo ante el abuso de poder del Gobierno Nacional que, utilizando los poderes públicos y violando la constitución, decidió suspender un derecho constitucional y democrático, como es la convocatoria de un referéndum revocatorio.

Es por ello que los estudiantes hacemos un llamado a toda la juventud venezolana y sociedad civil a acompañar todas las acciones de calle que se realizaran para garantizar el respeto a la voluntad de todos los venezolanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Frente al abuso de poder, expresado claramente por el Gobierno Nacional al aprobar un presupuesto sin el aval de la Asamblea Nacional, frente a los arrebatos y constantes violaciones a los derechos humanos, frente al irrespeto a la constitución, las leyes y la democracia, frente a la persecución y acoso a quienes piensan distinto y el impedimento de realizar elecciones libres y transparentes, los estudiantes nos pronunciamos ante lo que claramente es una dictadura.

No se puede seguir llamando democrático a un Gobierno que tranca las vías electorales y constitucionales y los estudiantes no vamos a seguir reconociéndolo como tal. Así como Gómez tembló en el 28, y Pérez Jiménez se fue en el 58, no habrá dictadura que soporte al pueblo organizado defendiendo sus derechos en la calle. No seremos nosotros los que abandonaremos esta lucha histórica por libertad. Ante las arbitrariedades y autoritarismos, los estudiantes seguiremos buscando independencia y civilismo. No vamos a claudicar, nos vamos a mantener en las calles, ¡nuestras libertades son irrevocables!

Es por ello que convocamos una gran asamblea universitaria el próximo lunes 24 de octubre a las 09:00 am en Plaza Cubierta de la UCV.

Publicado a través de @UCEVISTAS el 21/10/2016

Comunicado AVERU: Orden Constitucional, Derechos Humanos y REvocatorio 2016

COMUNICADO

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se dirige a la opinión pública para fijar posición ante las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que afectan la organización y funcionamiento del Poder Público y atentan contra el  artículo 136 de nuestra Carta Magna.

En tal sentido manifestamos que la AVERU como asociación donde confluyen las Universidades Venezolanas en su función rectora de la educación, cultura y ciencia al servicio de la nación, pone a disposición del País los espacios académicos e institucionales para la libre discusión de esta problemática, e insta al Poder Público a dar cumplimiento a la Constitución Nacional, como norma fundamental que organiza y establece las bases de la convivencia pacífica, de los valores, principios y garantías democráticas, así como el respeto a los derechos fundamentales.  Por lo tanto:

CONSIDERANDO

Que el desconocimiento de la organización  y principios democráticos establecidos en nuestra Carta Magna, lesionan y profundizan la crisis institucional  por la violación del estado de derecho y la democracia, que deben ser asumidos por  las instancias públicas  velando por su integridad y efectiva vigencia.

CONSIDERANDO

Que el País viene sufriendo un decaimiento progresivo en las Instituciones que conforman el Poder Público, y concretamente de las atribuciones que le son propias y definidas en la Constitución a la cual deben sujetarse sus decisiones,  por lo que la usurpación de los poderes de los otros órganos constitucionales por uno o varios de ellos confabulados,  acarrean la nulidad de sus actos como ocurre con las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO

Que es flagrante el desconocimiento del Orden Constitucional y la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, lo cual obliga a AVERU a hacer un llamado a las organizaciones democráticas nacionales e internacionales, a acudir con su mediación para evitar el colapso definitivo de la democracia venezolana y la crisis humanitaria que afecta a nuestra población.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por transgredir las normas constitucionales excediendo la autoridad que le ha sido otorgada, y limitando las competencias del Poder Legislativo, pilar de la democracia por ser producto de la votación libre, universal, directa y secreta, mecanismo mediante el cual los ciudadanos participan en los asuntos públicos por medio de sus representantes elegidos.

SEGUNDO: Exigir a los órganos y funcionarios que ejercen el Poder Público, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 333 de la Constitución Nacional como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico el restablecimiento y cumplimiento de todos sus preceptos, por lo cual la Sala Constitucional debe actuar con independencia y objetividad por mandato expreso del articulo 254 ejusdem, con el fin de garantizar la plena y efectiva vigencia de nuestra Carta Magna.

TERCERO: AVERU exhorta al Poder  Ejecutivo, el Judicial, el Ciudadano, el Legislativo y el Electoral a cumplir el rol institucional que les compete, en aras a  atender la dramática crisis económica, social, de salud y alimentaria que agobia a la población venezolana,  que atenta contra los derechos a la vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia y con ello a  la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político característico de una democracia cabal

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE RECTORES UNIVERSITARIOS

Caracas, 18 de octubre  de 2016

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ                            PRESIDENTA
 MARIO BONUCCI ROSSINI                                      VICE-PRESIDENTE
BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY                              SECRETARIO

REFERENDO REVOCATORIO 2016...
--

Manifiesto universitario

Manifiesto universitario

PROFESORES DE LA UCV CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL REFERENDO REVOCATORIO

No es una exageración afirmar que el país conoce la peor crisis de su historia. Nunca como en estos tiempos el pueblo venezolano se había visto sometido a condiciones de existencia tan difíciles. Los graves males que afligen a la república se manifiestan en todos los órdenes de la vida nacional y agobian implacablemente la vida de los ciudadanos. La aguda escasez de bienes esenciales, en particular alimentos y medicinas no solo ha significado una precarización de la existencia individual y social, sino que es la causa directa de inenarrable sufrimiento y muerte. La inflación más alta del mundo ha pulverizado la capacidad adquisitiva de sueldos y salarios haciendo más pobres a los que ya lo eran y empobreciendo a amplias capas de la sociedad, entre ellas a los estratos profesionales a  que pertenecen los profesores universitarios. El desempleo afecta a la quinta parte de la población laboral y el subempleo y la informalidad a más de la mitad de la restante. El sistema productivo nacional ha sido conducido al colapso, mientras que las importaciones, que otrora compensaran artificialmente la insuficiencia inducida del aparato económico, no bastan para asegurar la subsistencia de la población. La inseguridad reina por doquier como consecuencia de la ineptitud gubernamental para poner en práctica políticas que ataquen las causas estructurales del delito y permitan sancionar ejemplarmente a los delincuentes con arreglo a las leyes vigentes. En lugar de ello, el sistema judicial ha sido convertido en una burocracia ineficiente y venal cooptada al servicio del régimen político. La corrupción, flagelo histórico, ha alcanzado niveles astronómicos a la vera del aparato estatal arruinando el país al paso que creaba una nueva y desmesuradamente rica oligarquía. En el proceso de deterioro institucional y envilecimiento moral que la corrupción ha producido han desempeñado un papel protagónico organizaciones que, como las fuerzas armadas y otros instrumentos del poder público tenían por misión combatirla y no sucumbir a ella. El discurso oficial exalta la violencia como garantía de  conservación del poder político y niega el derecho democrático a disentir, judicializando las legítimas y pacíficas protestas y descalificando a quienes se le oponen, creando una policía política que se ocupa de perseguirlos con saña, pretendiendo intimidarlos, sometiéndolos a tratos crueles y degradantes y condenándolos a injustas penas por medio de procesos fraudulentos y violatorios de los derechos humanos, indignos de ser denominados legales. Sobresale en la sistemática negación de todo proceder independiente el desvergonzado interés del Ejecutivo, asistido en cómplice subordinación por el Tribunal Supremo de Justicia, de someter a sus arbitrios a la Asamblea Nacional. Un cuadro de inadmisible irrespeto a la Constitución al que se suman la insólita amenaza del presidente de la República de que no habrá revocatorio ni en 2016 ni en 2017, así como la silenciosa y culpable suspensión de las elecciones regionales por un sumiso Consejo Nacional Electoral.
En el curso de las casi dos décadas de gobierno “revolucionario” las instituciones universitarias han sufrido toda suerte de agresiones, desde el estrangulamiento presupuestario hasta los ataques físicos directos contra sus bienes, así como contra los integrantes de su comunidad, autoridades académicas y gremiales incluidas. Invocando la “inclusión”, término desvalorizado por su práctica populista y demagógica, el gobierno nacional ha implementado unas políticas para el sector universitario que lejos de asegurar condiciones para que el mayor número de estudiantes tenga acceso a estudios profesionales de calidad han significado la creación de algunas pseudouniversidades destinadas al proselitismo ideológico, privando a las verdaderas de recursos indispensables para cumplir su cometido, amenazando de extinción la carrera académica y comprometiendo gravemente el futuro del país, todo ello en un clima deliberadamente enrarecido de subestimación de la actividad intelectual, que se presenta en la avasallante propaganda oficial como una especie de veleidad “burguesa”.
La depauperación del profesorado universitario, despiadadamente conducido al umbral de una indigencia sin precedentes en el proceso general de ruina impuesto a las mayorías trabajadoras, no solo revela meridianamente los propósitos gubernamentales de liquidar toda fuente de pensamiento y actuación críticos con el objeto de apropiarse indefinidamente del poder público, sino que constituye un peligrosísimo atentado contra el presente y el porvenir de la nación. 
En nombre de ese porvenir, que es nuestra obligación contribuir a diseñar para las venideras generaciones de venezolanos, pero también en nombre de nuestros derechos presentes constantemente vulnerados por un régimen inicuo y excluyente, nosotros, profesores de la Universidad Central de Venezuela, nos movilizaremos activamente para la realización del referendo revocatorio en este 2016, e invitamos a todos los universitarios y al pueblo atropellado hasta la humillación por el gobierno de Maduro a incorporarse a ese clamor nacional.

Caracas, 18 de octubre de 2016.

Se han consignado firmas y se siguen acumulando. Si quiere añadir sus datos, escriba a Confianza.ucv@gmail.com

Comunicado conjunto de las Academias Nacionales: A todos los venezolanos (13-06-2016)

A todos los venezolanos Las Academias Nacionales consideran su indeclinable deber ciudadano dirigirse a todos los venezolanos, sin distinción alguna, en un delicado momento de la historia venezolana que demanda de todos el máximo esfuerzo y una entrega patriótica para la superación de los más graves problemas que aquejan a toda la población del país. 
Durante los últimos años las Academias Nacionales, individualmente o en conjunto, han venido alertando a los venezolanos y a los entes del Poder Público acerca de las decisiones que han afectado y afectan los destinos del país en las más diversas áreas. 
Hemos expresado nuestro dolor ante la trágica situación del sector salud. Muy recientemente nos hemos solidarizado con las pautas económicas brindadas por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Nos hemos referido al estado de los servicios públicos y hemos propuesto acciones para su mejoría. Hemos alertado sobre el cuido de nuestros recursos naturales y las amenazas que se ciernen sobre el ambiente. Hemos hecho firmes señalamientos sobre el uso de la historia y los peligros que entraña para la conciencia histórica de los venezolanos, nos hemos pronunciado acerca del delicado problema de las fronteras y en particular sobre el tema del Esequibo. Nos sumamos a la angustia colectiva ante la inseguridad personal y los peligros que atentan contra los bienes públicos y privados. 
Hemos clamado por correctivos y mejoras del proceso educativo en todos los niveles, que comprende no solo la enseñanza, sino el soporte para que ella ocurra satisfactoriamente, desde la buena alimentación de los educandos, hasta la planta física requerida para impartirla. Hemos exhortado a mantener un discurso elevado en el debate de los asuntos públicos. La universidad ha sido objeto de nuestro más firme respaldo en sus justas demandas y la celosa defensa de su autonomía. Hemos alertado sobre el deterioro notable en la actividad científica de la nación, medida en términos de productividad intelectual, aplicaciones tecnológicas e innovaciones. 
Las Academias estamos conscientes de la responsabilidad moral, ética, ciudadana, institucional que nos corresponde en las circunstancias que afronta nuestra patria. Por ello hacemos un exhorto a todos los venezolanos, en todos los rincones del país, de todas las tendencias políticas, de credos religiosos, a dejar de lado todas las actuaciones que conduzcan a enfrentamientos y violencia; más bien, dedicarnos con fortaleza a vencer la desesperanza y la resignación. Debemos asumir con vigor y certeza nuestra capacidad para encontrarnos en la tarea común de procurarnos bienestar, felicidad colectiva y solidaridad. 
Es el momento de rendir el mayor respeto a la Constitución, a su letra, sin interpretaciones particulares. En este sentido, es menester velar por que la autonomía y equilibrio de poderes sea garante de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder. La representación popular expresada en la Asamblea Nacional debe ser respetada en sus competencias de aprobar leyes, evaluar la gestión del Ejecutivo y exigir las rendiciones de cuenta que considere pertinentes, aprobar el presupuesto y otras que aseguren el ejercicio democrático y los intereses de los representados. El Tribunal Supremo de Justicia debe entender su papel como equilibrio de los poderes y su rol como garante del Estado de Derecho. El Poder Electoral tiene una tarea fundamental para hacer de la voluntad popular una realidad democrática y debe facilitar la expresión del querer político de los venezolanos. El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos es la política que se impone a todos los Poderes Públicos. 
La democracia se debe ganar, probar y defender cada día. Cada día los gobernantes deben sentir y obedecer el reclamo democrático de sus electores y saber rendirse ante ellos. Cuando los ciudadanos reclaman la satisfacción de sus más indispensables necesidades, es obligación del Gobierno establecer políticas que cumplan con la demanda de un irrenunciable y legítimo derecho a una vida digna en un Estado Democrático y de Derecho. 
Es preciso recurrir al soberano para que exprese libremente, dentro del marco de la Constitución su voluntad política sobre la conducción de los destinos del país, dentro de un sistema que se ajuste a lo que señala, sin más sesgo ideológico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al definirnos como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Art. 2). Para lograrlo, nuestra Carta Magna estipula procedimientos democráticos, pacíficos y electorales que al ser activados permitirán a la nación y sus ciudadanos superar las dificultades del momento y construir la nación civil y civilizada a la que todos aspiramos. A nuestro llamado de exigir esos derechos, se suma nuestra obligación de trabajar activamente en pro de su concreción, teniendo presente nuestro papel de asesores de los Poderes Públicos en las materias de nuestras especialidades, así establecidos en nuestros respectivos Estatutos de creación.
Caracas, a los trece días del mes de junio de 2016. 
Alfredo Díaz Bruzual, Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
Eugenio Hernández-Bretón, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
Humberto García Larralde, Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas 
Inés Quintero Montiel, Directora de la Academia de la Historia 
Horacio Biord Castillo, Director de la Academia Venezolana de la Lengua 
Gonzalo Morales, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

ARIGlobal: Venezuela y el Estado de excepción. Responsabilidad de Proteger

María Elena Pinto(Profa FACES/ARIG)

Desde la década de los 1990, la manera en que la Comunidad Internacional ha venido abordando lo relativo a la efectiva promoción y protección de los derechos humanos a nivel global ha experimentado transformaciones de importancia. En los años 1990, cobró fuerza la tesis de la intervención humanitaria conforme a la cual la Comunidad Internacional tenía el deber de actuar ante situaciones de grave violación de los derechos humanos; en estos casos, la soberanía del Estado no podía ser invocada como argumento en contra de una intervención de la Comunidad Internacional, pues se partía de la premisa de que los derechos humanos estaban por encima de cualquier otra doctrina o consideración legal.  La noción de la intervención humanitaria suscitó desde entonces enconados debates,  por motivos que merecen examen aparte. En 2005, durante la Cumbre Mundial de Naciones Unidas, la Comunidad Internacional da un paso al frente en la formulación de los parámetros que debían servir de base a su accionar en materia de protección de los derechos humanos al acoger la idea de la responsabilidad de proteger en su resolución final, que posteriormente es abordada con mayor detenimiento en el Reporte del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas A/63/677, de fecha 12 de enero de 2009, denominado:  “Implementando la responsabilidad de proteger”.

De acuerdo con estos dos documentos, la responsabilidad de proteger recae, en primera instancia, en cada Estado; éste es responsable de proteger a sus ciudadanos de la comisión de crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes en contra de la humanidad.  El Estado está obligado a prevenir que tales crímenes puedan materializarse y debe actuar de manera oportuna para evitar incluso su incitación.  Resulta interesante observar que el Reporte del Secretario General mencionado supra identifica de manera clara y precisa algunas de las buenas prácticas de la acción estatal que resultan necesarias para propiciar un entorno poco proclive a la ocurrencia de crímenes contra los derechos humanos, las cuales configurarían lo que dentro de este Reporte se entiende como soberanía responsable: si entendemos que la soberanía es un atributo esencial e incuestionable del Estado, ella entraña no solo un conjunto de potestades sino, por encima de todo, de responsabilidades para con los ciudadanos.  Entre estos atributos del ejercicio responsable de la soberanía cabe mencionar los siguientes:

• La promoción y manejo efectivo de la diversidad. Los Estados deben llevar a la práctica el principio de la no discriminación y propiciar que todos sus ciudadanos disfruten de sus derechos en condiciones de igualdad: “La Soberanía Responsable se basa en la política de la inclusión y no de la exclusión”  (Naciones Unidas, 2009: p. 10).
• El respeto irrestricto de los derechos humanos, consagrados en los diversos instrumentos jurídicos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de los Refugiados, así como en el Estatuto de Roma.
• La sanción efectiva de los crímenes contra los derechos humanos, evitando así la impunidad de este tipo de violaciones.
• La existencia de instituciones fuertes y la ausencia de divisiones sociales significativas. De acuerdo con el Reporte A/63/677, los crímenes contra los derechos humanos esenciales no ocurren simplemente, sino que son el resultado de decisiones políticas deliberadas por parte de líderes que se aprovechan de las divisiones sociales y de la debilidad institucional en sus Estados.

Ubicándonos dentro de este marco conceptual,  tiene sentido que nos preguntemos acerca del ejercicio de esta responsabilidad de proteger por parte del Estado venezolano. Día a día, los ciudadanos de este país nos vemos sometidos a todo tipo de trabas para el ejercicio efectivo de nuestros derechos humanos fundamentales, expresadas en hechos tan denigrantes como la escasez de alimentos producto de los efectos severos de las políticas económicas gubernamentales en el aparato productivo; la carencia de medicamentos y de condiciones para la debida atención de la salud; los obstáculos erigidos a la libertad de información, manifestados en una legislación que ha dado pie al cierre de numerosos medios de comunicación independientes y a la práctica de la autocensura por parte de aquellos que aún sobreviven a las rígidas regulaciones estatales; la represión violenta de la que han sido objeto diversas expresiones de oposición política;la creciente inseguridad que cada día cobra más víctimas y que hace de Venezuela uno de los países con mayor índice de personas asesinadas anualmente producto de la delincuencia. A todo lo anterior debe sumarse la virtual inexistencia de una separación e independencia de poderes, evidenciada en la clarísima sumisión del poder judicial a los dictámenes del ejecutivo, la interpretación a conveniencia de las normas legales con la finalidad de hacer cada vez más difícil el ejercicio de la oposición política que en toda democracia debería ser la norma, amén del discurso de quienes ocupan las máximas funciones públicas, cargado de expresiones ofensivas y a todas luces excluyentes respecto a quienes no comparten la ideología gubernamental. Si miramos todos estos indicadores tomando como referencia los parámetros que la Comunidad Internacional ha consagrado en la noción de responsabilidad de proteger, está claro que el gobierno venezolano tiene una deuda enorme con su población.

Como si no bastara lo anteriormente señalado, nos encontramos ahora en un escenario aderezado con el reciente decreto de “Estado de excepción” por parte del gobierno. La posición de la Comunidad Internacional sobre este tipo de medidas extremas es absolutamente clara. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1966,  por ejemplo, expresa en su Artículo 27, numeral 1, que:

“En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención (…)”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 en el marco de la ONU, establece en su Artículo 4, numeral 1, que:

“En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes del presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en la virtud de este Pacto (…)”.

Ambas Convenciones, sin embargo, añaden que la posibilidad de establecer los Estados de Excepción en forma alguna exime al Estado de dar fiel cumplimiento a derechos y garantías elementales como el derecho a la vida, libertad de credo, integridad personal, legalidad, prohibición de la tortura, entre otras.

Observando la redacción de tan importantes pactos internacionales, que Venezuela ha suscrito, no podemos menos que preguntarnos cuál es la “emergencia que amenaza la independencia o seguridad del Estado” o la “situación excepcional” que motiva la adopción de una medida extrema como lo es el Estado de Excepción, más aún cuando la declaratoria se produce en términos vagos e imprecisos, aduciendo apenas la existencia de “amenazas externas”, intentos de “golpe de estado” y sin clarificar el lapso de vigencia a los términos de la excepcionalidad. Pareciera que en Venezuela el cumplimiento de las más elementales normas en materia de derechos humanos es lo excepcional y que la responsabilidad de proteger está dirigida más hacia el ejercicio del poder que hacia los ciudadanos.

Si la Comunidad Internacional ya venía mirando con preocupación la situación de Venezuela, este nuevo añadido ha abonado a las legítimas inquietudes existentes en el seno de escenarios multilaterales como la Organización de los Estados Americanos. En efecto, el Secretario General de la OEA ha señalado que está estudiando el caso venezolano y examinando la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA, así como la potencial aplicación de la Carta Interamericana. Pocas dudas caben que la situación en Venezuela hace que cada día crezcan los cuestionamientos respecto a la calidad de sus instituciones democráticas y la disposición de sus autoridades a respetar y hacer valer las normas jurídicas que consagran y protegen los derechos más esenciales.

Publicado en UCV Noticias el 17 de mayo 2016