Mostrando entradas con la etiqueta Política. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Política. Mostrar todas las entradas

lunes, 24 de octubre de 2016

Acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela, en Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos 23.10.2016


LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos ACUERDO PARA LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

CONSIDERANDO
Que el día 20 de Octubre del presente año, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, decidieron sin fundamentos sólidos e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho a revocar al pueblo venezolano, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación;
CONSIDERANDO
Que Venezuela ha asumido válidamente compromisos internacionales relacionados con la garantía de la democracia y de los Derechos Humanos;
CONSIDERANDO
Que está pendiente la designación de tres rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, los cuales fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; y que el desempeño que, la mayoría de ellos, han tenido desde esa fecha conspira contra la democracia y revela una evidente parcialidad política, y que está en curso la designación de dos rectores principales con sus suplentes, cuyos períodos vencen en diciembre de este año;
CONSIDERANDO
Que en diciembre de 2015, de manera irregular y fraudulenta se designaron Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución y el derecho de participación ciudadana; los cuales junto a los demás magistrado, en su desempeño han terminado de desmantelar el estado de derecho, subordinándose a las órdenes del poder ejecutivo,
CONSIDERANDO
Que está en curso una investigación sobre la probable doble nacionalidad del Presidente de la República, la cual debe concluir a la brevedad; que Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada, y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado las funciones constitucionales de la Presidencia de la República,
CONSIDERANDO
Que la Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar y defender la Constitución, en lugar de subordinarse a una parcialidad política y que la obediencia debida no los exime de responsabilidad por la violación de Derechos Humanos,
CONSIDERANDO
Que en virtud del artículo 333, todos los ciudadanos estamos en el deber y derecho de restablecer la efectiva vigencia de la constitución.

ACUERDA
PRIMERO: Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela.
SEGUNDO: Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia.
TERCERO: Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de Referendo Revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela.
CUARTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.
QUINTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho. SEXTO: Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la materia.
SÉPTIMO: Conformar una comisión especial de alto nivel parlamentario encargada de desarrollar y definir las decisiones emanadas de este acuerdo para restituir el orden constitucional.
OCTAVO: Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
NOVENO: Convocar al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el art 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del Orden Constitucional.
DÉCIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.



HENRY RAMOS ALLUP Presidente
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ Primer Vicepresidente
JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Segundo Vicepresidente

ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS Secretario

JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario


martes, 14 de junio de 2016

ConfianzaUCV acompaña a la Red ARA rechazando el decreto del Arco Minero del Orinoco


La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) se une a diferentes organizaciones y personalidades en el rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo.
Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, desconoce obligaciones establecidas en el texto constitucional; parece derogar de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente.
Tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes: En particular en el mismo resaltan los siguientes aspectos:
  • Se está delimitando una zona a ser intervenida de cerca de 112 mil km2. Ésta representa casi 12% del territorio nacional, una superficie similar a países como Cuba o Guatemala. Asimismo se habla de la convocatoria a 150 empresas transnacionales, las cuáles, en la mayor parte de los casos, realizarían minería a cielo abierto. Jamás en la historia previa del país se había planteado esa escala de destrucción ambiental. 
  • Se resalta la presencia en el AMO de recursos minerales altamente codiciados tales como: oro, diamante, coltán, hierro, bauxita y tierras raras. Pero a la vez, se oculta el hecho de que la región contiene riquezas mucho más valiosas para el país que estos minerales. Éstas incluyen una muy alta diversidad biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (productoras del 70% de la energía eléctrica nacional); así como diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y Reservas Forestales.
  • Se resaltan las fabulosas ganancias que serían derivadas de la explotación de los minerales presentes. Pero no se hace mención de los enormes costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este tipo de proyectos. Éstos pueden incluir la pérdida de especies y ecosistemas únicos; la contaminación del agua; la colmatación de los ríos; la destrucción de paisajes; el aumento del riesgo de catástrofes tecnológicas; la pérdida y contaminación de los suelos; la bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica; la disminución de la calidad del aire; el aumento de enfermedades infecciosas; así como el deterioro derivado, tanto del desarrollo de servicios actualmente inexistentes en el área (vialidad, vivienda, salud, educación) como del posible crecimiento urbano no planificado en los alrededores de las zonas mineras, entre otros efectos. 
  • Se intenta convencer al país sobre la supuesta base ecológica (Ecosocialista) que tendrían los proyectos mineros realizados en el AMO. Pero se oculta el hecho de que la experiencia global indica de manera innegable que no existe en ninguna parte del mundo ejemplos de una pretendida “minería ecológica” y mucho menos con las metodologías propuestas. Que por lo contrario la minería es y será una actividad ambientalmente destructiva y a largo plazo económicamente insustentable. Bajo esas premisas, los países responsables, buscan desarrollar proyectos mineros de bajo impacto, a escalas manejables, en territorios estrictamente delimitados por procesos profesionales de ordenación del territorio y bajo control riguroso, tanto gubernamental como social. 
  • Aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de que se respetarán los derechos de las comunidades indígenas presentes en el territorio afectado por el AMO, en contraste, diversas organizaciones indígenas han denunciado que estas comunidades no fueron consultadas. Por ello, este proyecto no cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ello es más preocupante, debido a que existen sólidas razones para afirmar que este proyecto vulnerará derechos humanos fundamentales, así como culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades tanto indígenas como criollas que habitan la región. Estas comunidades tienen el derecho a construirse un futuro más allá de convertirse en meros trabajadores asalariados de las empresas mineras y a la destrucción definitiva de sus territorios, sus hábitats y sus culturas. 
Todo lo anterior, se magnifica debido a la extraordinaria opacidad y aparente improvisación con que se realizó este proyecto.
En tal sentido nos preocupa enormemente el desconocimiento del historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el AMO. En los pocos casos donde se ha informado el nombre de alguna empresa, existen dudas sobre las responsabilidades que asumirán las mismas con la legislación y futuro del país.
Asimismo, es alarmante la incertidumbre sobre quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación ambiental. Como fue denunciado previamente por la Red ARA, un precedente nefasto fue la eliminación del Ministerio del Ambiente en el año 2015 y la posterior creación de un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. El primero de ellos, creado en 1977, había acumulado una extensa experiencia en materia de metodologías y prácticas relacionadas con el control ambiental. Por su parte, el nuevo ministerio se crea sobre una base doctrinaria política y no técnica, a partir del cual no solo se desechó el legado de experiencias y conocimientos del Ministerio del Ambiente, sino que se ha producido un desmantelamiento sistemático del capital humano de esa institución a través de la persecución, hostigamiento y menoscabo de las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboran en el mismo.
Más recientemente, en un nuevo y peligroso giro institucional, el Presidente de la República anunció la creación de un “Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico”, que entre otras competencias tendría la de conceder las autorizaciones ambientales en el AMO. Resulta por lo menos asombroso pensar en un Ministerio dirigido a la promoción minera, controle de manera idónea y responsable el desempeño ambiental de las cientos de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos mineros en toda el área incluida en el AMO. Esto último además, sin experiencia previa, ni estructura organizativa, funcional, ni operativa.
En función de lo anterior, la Red ARA considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales debido a la diseminación a gran escala de contaminantes. En tal sentido, consideramos que, si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios presentes en la zona.
En contraste con el AMO, creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un “Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco”, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables, tales como la agroecología, el ecoturismo y el uso sustentable de los recursos biológicos locales, entre otras posibilidades. Ello sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias. Estas propuestas pueden resultar en un desarrollo productivo a largo plazo de las comunidades locales tanto indígenas como criollas.
Por estas razones, la Red ARA:
  • Exige al Ejecutivo Nacional derogar de manera inmediata el Decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016. 
  • Exhorta a las autoridades nacionales y regionales a iniciar un diálogo efectivo, incluyente y democrático con todos los actores sociales en la Guayana venezolana, conducente a iniciar un programa de desarrollo regional basado en criterios de sustentabilidad, democracia, justicia social, participación protagónica y respeto por los derechos humanos. 
  • Alerta a la comunidad internacional y en particular a las organizaciones ambientalistas en todo el mundo a activarse en el rechazo al proyecto del Arco Minero del Orinoco y en solicitar al Ejecutivo Nacional de Venezuela derogarlo de manera inmediata. 
  • Propone a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones, movimientos ambientales, organizaciones de desarrollo social, de defensa de los Derechos Humanos, grupos de opinión, universidades, academias, y otras instituciones del país, a unir fuerzas en la defensa de los derechos ambientales de Venezuela y en este contexto en el rechazo unánime y activo contra el decreto del Arco Minero del Orinoco. 

Red ARA / Junio 2016 
Contactos Comité Coordinador Red Ara
Luis Jiménez 0416 3625377
Marjorie Sosa 04166241681
----------
Cualquier otro detalle pueden consultar el Blog de la Red ARA

Comunicado conjunto de las Academias Nacionales: A todos los venezolanos (13-06-2016)

A todos los venezolanos Las Academias Nacionales consideran su indeclinable deber ciudadano dirigirse a todos los venezolanos, sin distinción alguna, en un delicado momento de la historia venezolana que demanda de todos el máximo esfuerzo y una entrega patriótica para la superación de los más graves problemas que aquejan a toda la población del país. 
Durante los últimos años las Academias Nacionales, individualmente o en conjunto, han venido alertando a los venezolanos y a los entes del Poder Público acerca de las decisiones que han afectado y afectan los destinos del país en las más diversas áreas. 
Hemos expresado nuestro dolor ante la trágica situación del sector salud. Muy recientemente nos hemos solidarizado con las pautas económicas brindadas por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Nos hemos referido al estado de los servicios públicos y hemos propuesto acciones para su mejoría. Hemos alertado sobre el cuido de nuestros recursos naturales y las amenazas que se ciernen sobre el ambiente. Hemos hecho firmes señalamientos sobre el uso de la historia y los peligros que entraña para la conciencia histórica de los venezolanos, nos hemos pronunciado acerca del delicado problema de las fronteras y en particular sobre el tema del Esequibo. Nos sumamos a la angustia colectiva ante la inseguridad personal y los peligros que atentan contra los bienes públicos y privados. 
Hemos clamado por correctivos y mejoras del proceso educativo en todos los niveles, que comprende no solo la enseñanza, sino el soporte para que ella ocurra satisfactoriamente, desde la buena alimentación de los educandos, hasta la planta física requerida para impartirla. Hemos exhortado a mantener un discurso elevado en el debate de los asuntos públicos. La universidad ha sido objeto de nuestro más firme respaldo en sus justas demandas y la celosa defensa de su autonomía. Hemos alertado sobre el deterioro notable en la actividad científica de la nación, medida en términos de productividad intelectual, aplicaciones tecnológicas e innovaciones. 
Las Academias estamos conscientes de la responsabilidad moral, ética, ciudadana, institucional que nos corresponde en las circunstancias que afronta nuestra patria. Por ello hacemos un exhorto a todos los venezolanos, en todos los rincones del país, de todas las tendencias políticas, de credos religiosos, a dejar de lado todas las actuaciones que conduzcan a enfrentamientos y violencia; más bien, dedicarnos con fortaleza a vencer la desesperanza y la resignación. Debemos asumir con vigor y certeza nuestra capacidad para encontrarnos en la tarea común de procurarnos bienestar, felicidad colectiva y solidaridad. 
Es el momento de rendir el mayor respeto a la Constitución, a su letra, sin interpretaciones particulares. En este sentido, es menester velar por que la autonomía y equilibrio de poderes sea garante de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder. La representación popular expresada en la Asamblea Nacional debe ser respetada en sus competencias de aprobar leyes, evaluar la gestión del Ejecutivo y exigir las rendiciones de cuenta que considere pertinentes, aprobar el presupuesto y otras que aseguren el ejercicio democrático y los intereses de los representados. El Tribunal Supremo de Justicia debe entender su papel como equilibrio de los poderes y su rol como garante del Estado de Derecho. El Poder Electoral tiene una tarea fundamental para hacer de la voluntad popular una realidad democrática y debe facilitar la expresión del querer político de los venezolanos. El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos es la política que se impone a todos los Poderes Públicos. 
La democracia se debe ganar, probar y defender cada día. Cada día los gobernantes deben sentir y obedecer el reclamo democrático de sus electores y saber rendirse ante ellos. Cuando los ciudadanos reclaman la satisfacción de sus más indispensables necesidades, es obligación del Gobierno establecer políticas que cumplan con la demanda de un irrenunciable y legítimo derecho a una vida digna en un Estado Democrático y de Derecho. 
Es preciso recurrir al soberano para que exprese libremente, dentro del marco de la Constitución su voluntad política sobre la conducción de los destinos del país, dentro de un sistema que se ajuste a lo que señala, sin más sesgo ideológico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al definirnos como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Art. 2). Para lograrlo, nuestra Carta Magna estipula procedimientos democráticos, pacíficos y electorales que al ser activados permitirán a la nación y sus ciudadanos superar las dificultades del momento y construir la nación civil y civilizada a la que todos aspiramos. A nuestro llamado de exigir esos derechos, se suma nuestra obligación de trabajar activamente en pro de su concreción, teniendo presente nuestro papel de asesores de los Poderes Públicos en las materias de nuestras especialidades, así establecidos en nuestros respectivos Estatutos de creación.
Caracas, a los trece días del mes de junio de 2016. 
Alfredo Díaz Bruzual, Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
Eugenio Hernández-Bretón, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
Humberto García Larralde, Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas 
Inés Quintero Montiel, Directora de la Academia de la Historia 
Horacio Biord Castillo, Director de la Academia Venezolana de la Lengua 
Gonzalo Morales, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

viernes, 10 de junio de 2016

Carta Abierta de la APUCV a Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Manuel Torrijos



ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UCV
Carta abierta a Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Manuel Torrijos
El diálogo forma parte esencial de la vida universitaria pues constituye un valor íntimamente vinculado con la libertad de pensamiento y el debate de ideas.
Al trasmitir en el proceso educativo los valores de  la solidaridad, igualdad, tolerancia, entendimiento mutuo, respeto de los derechos humanos, no violencia, respeto de la vida y la dignidad humanas, facilitan las bases para un diálogo fructífero, trasparente y sincero.
Dialogar no es hablar. Menos aun cuando su finalidad es la solución de conflictos.
Autoridades universitarias, gremios profesorales y movimiento estudiantil, hemos participado en las mesas de diálogo convocadas por el gobierno. Nunca nos hemos negado a participar en ellas y siempre el resultado ha sido igual: el uso propagandístico del mismo, la ausencia de solución a los problemas planteados y el desconocimiento de los acuerdos alcanzados.
Para tratar la problemática universitaria, el Estado venezolano creó el Consejo Nacional de Universidades, instancia en la cual convergen el Ministro, las Universidades y representantes profesorales y estudiantiles. El presupuesto universitario y las Normas de Homologación (contrato de trabajo del sector docente)  formaban parte de los temas a ser tratados en el mismo. Esta instancia, para el debate de ideas, ni discute el presupuesto y desconoce nuestro contrato de trabajo. No es el diálogo lo que allí se practica, es la imposición de una estrategia dirigida a destruir la universidad venezolana, libre, plural y democrática.
La crisis universitaria está conduciendo a que miles  de nuestros estudiantes están abandonando las aulas para emigrar. Ya cientos de profesores han renunciado y la mayoría ha salido del país. El hambre se ha convertido en parte de nuestras vidas pues nuestro salario apenas asciende, en el mejor de los casos, a 50 $ mensuales.
El día de hoy los universitarios  paralizamos nuestras actividades ante  la violación del contrato de trabajo y el incumplimiento de los acuerdos alcanzado con el Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en  noviembre de 2015.  Han pasado seis meses y nada de lo acordado se ha cumplido. Esos son los frutos del diálogo.
Ciudadanos ex presidentes, como miembros de la sociedad civil venezolana les exigimos no contribuir con su presencia a un FALSO DIALOGO  o serán corresponsables de una explosión social a punto de estallar.
Los universitarios tenemos una larga trayectoria de lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos.
Desde nuestras instituciones  salimos a protestar  contra la Guerra de Vietnam, contra la invasión a la República Dominicana, en defensa del derecho al Canal de Panamá, contra la dictadura Franquista, por la libertad de los presos políticos, contra la tortura y las desapariciones.
Quienes nos oponemos al gobierno nacional hemos sido conminados a abandonar el país, acusados de traidores, vende patria, escuálidos, derechitas y  fascistas, entre otras cosas. Hoy se nos insulta y mañana se nos invita a “dialogar”. Tenemos 17 años soportando una práctica política basada en el irrespeto y la persecución a las ideas contrarias.
Podrán recibir de nuestra parte observaciones y críticas a su actuación, pero jamás les daremos un trato irrespetuoso.
Uno de ustedes fue calificado de fascista, Obama de pobre ignorante, Aznar de lacayo del imperio y genocida y Uribe de mafioso, criminal, servil y farsante, por solo citar algunos.
El anterior Secretario General de la OEA insultado en varias oportunidades, al igual que el actual.
Los representantes de la Iglesia Católica catalogados de vagos, vagamundos, inmorales y sinvergüenza.
Quienes hoy gobiernan la nación nunca profesaron como valor el dialogo ni la defensa de la democracia.  Algunos provienen de los movimientos guerrilleros de los años 60 alzados en arma contra presidentes democráticamente electo (Rómulo Betancourt y Raúl Leoni),  otros participaron en dos intentos de golpes de estado contra el ex Presidente Carlos Andrés Pérez,  violando  el juramento militar. Uno, que llegó  a ser Canciller de la República,  es conocido en el ámbito universitario por ser protagonista de los jueves de encapuchado.  Algunos  participaron en la masacre del El Amparo.  La mayoría de ellos auparon el llamado “caracazo” y  no son precisamente promotores de la paz y el diálogo.
Estos mismos actores fueron protagonista de un intento de golpe al Rector de la Universidad Central de Venezuela, en el año 2001, a través de la toma violenta de la Sala de sesiones del Consejo Universitario. Acción planificada, coordinada y  financiada  por la  Vicepresidenta de la República. Desde ese entonces  toda la universidad venezolana ha sido objeto de actos de violencia contra sus autoridades, gremios, dirigencia estudiantil y profesoral.
La UCV, patrimonio mundial de la Humanidad,  ha visto afectada su planta física por los actos de violencia y  más de 70 denuncia presentadas ante  la Fiscalía General de la República, siguen  sin recibir respuesta.  Sus autores, vinculados al partido de gobierno.
Han reaparecido los presos políticos y la tortura hacia la disidencia.
Si han venido a promover un  diálogo fructífero y sincero  la guía esta en las palabras de Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
La única exigencia que les hacemos es que  conminen al gobierno nacional a  respetar   la Constitución.  Ella es la norma suprema  y el fundamento del ordenamiento jurídico y todas las personas y los órganos  que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución.
La misma en su artículo 5°  señala que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución  y en la Ley  e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular  y a ella están sometidos”.
La sociedad  venezolana hablo el 6 de diciembre. En la Constitución está la salida a la crisis que hoy vivimos y que los ciudadanos decidimos activar: EL REFERENDUM REVOCATORIO.
Formalmente los invitamos a la sede de la Asociación de Profesores de la UCV para que conozcan una visión de la situación nacional distinta a la proveniente de las organizaciones políticas.
Víctor Márquez Corao - Presidente de APUCV
Caracas, 08 de junio de 2016.

MANIFIESTO POR EL REVOCATORIO

Venezuela esta conmovida, sacudida en sus cimientos por el fracaso de un modelo político y social.
Vivimos los estertores de un régimen que usurpó las principales consignas de redención social, trastocándolas en mamparas para tratar ocultar el más grande robo y despilfarro perpetrado en nuestro país, desde los días difíciles de la entrada de Boves a Caracas. 
Las calles son recorridas por filas de gente procurando obtener de cualquier manera los insumos del sustento cotidiano. 
A la ausencia atroz de alimentos se le une, en macabra alianza, la escasez de medicamentos que mata a los niños, y pacientes en general, que la terrible inseguridad reinante no ha aún aniquilado. 
El país está cruzado de protestas que en grado de creciente violencia anuncian que este bravo pueblo está llegando a los límites de la desesperación, más no de la desesperanza. 
Es aquí donde sentimos que una operación política como la que está implícita en el esfuerzo que hemos llamado Foro por el Cambio Democrático, tiene cabida y sustento.  
Un grupo grande de consecuentes luchadores políticos,  que jamás abandonaron sus puestos de pelea en la exitosa ruta democrática que ha transitado la oposición venezolana, con formación y experiencia, agrupados en diversas instancias de reflexión y acción a lo largo de todo el país; nuevamente nos sentimos convocados a ejercer esa esperanza que mantiene a Venezuela, con cada vez más precariedad, en los linderos de la paz.
Ofrecemos el concurso de nuestros saberes para la creación de las líneas políticas que coadyuven en la confluencia de satisfacer los motivos de esa enorme y justificada ira nacional, con la consolidación de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional que siente las bases de una Venezuela próspera, productiva, solidaria, culta y profundamente democrática. 
Un Gobierno de Unidad Nacional que nos permita salir, más temprano que tarde, de esta caverna obscura donde nos ha conducido la repetición insensata de un modelo que históricamente ha garantizado élites corrompidas, represión, irrespeto a los Derechos Humanos y naciones preteridas y depauperadas, sin más institucionalidad que la sumisión a un estado que pretende controlarlo todo.
Para que un nuevo gobierno así dirija al país, se requiere de una propuesta política robusta y poderosa, capaz de convocar al más amplio abanico de voluntades, que conjugue la gobernabilidad de un pueblo desesperado por las necesidades con las propuestas económicas, sociales y administrativas que nos acerquen aceleradamente a las exigentes condiciones de gestión pública del mundo de hoy.
Esa propuesta es conocida y ha mostrado su fortaleza y su eficacia cuando ha sido bien utilizada, nos referimos a la Unidad, no reducida al uso más o menos astuto de su fuerza de convocatoria, sino orientada hacia un poderoso movimiento creativo de participación que le abra las puertas a la capacidad emprendedora de nuestra población. 
Para el Foro Democrático, la defensa de ese concepto de unidad tiene carácter prioritario, imprescindible para el logro del cambio que proclamamos.
Reconocemos en la MUD un ente fundamental en esta lucha unitaria, a apoyarla irán buena parte de nuestros esfuerzos, sabiendo, como en la MUD se sabe, que la Unidad requerida está más allá de su área de influencia. 
Un buen ejemplo de ello es la lucha por derogar el decreto ecocida del llamado arco minero de Guayana o la lucha por lograr que la ayuda sanitaria internacional llegue YA a manos de nuestros pacientes.
Apegados a la ruta democrática, es de la Constitución de donde sacamos nuestras propuestas de cambio.
Nos hacemos voceros del clamor que surge de todos los rincones del país expresado en exigencia de que se realicen  las elecciones de gobernadores, con un amplio proceso de primarias y acuerdos que nos permita conquistar las 24 gobernaciones, según cada realidad local. 
Es una meta exigente pero factible. 
Es en la expresión de la voluntad ciudadana dónde está el meollo es este asunto, por ello  privilegiamos al Referendo Revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro como la tarea política fundamental del momento. 
Esta propuesta ha sido reconocida mundialmente; además, y esto es lo fundamental, ha sido asumida por el pueblo venezolano con singular entusiasmo. 
Toda la vena totalitaria del madurismo se brotó. 
Al saberse derrotados, han hecho uso partidista del TSJ y del resto del aparato del estado para impedirlo, mereciendo una diplomática reprimenda en la reciente reunión del Consejo Permanente de la OEA. 
No han tenido el menor escrúpulo para infundir, infructuosamente, desaliento en una población que ya perdió la paciencia y el miedo, dejando por fuera muy poco de lo que caracteriza a una dictadura.
El Foro Democrático se organiza para difundir, promover, organizar y garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer este derecho constitucional. 
El Referéndum no es objeto de negociación alguna, es el símbolo político de la lucha social en la Venezuela de hoy. 
Para nosotros es inseparable reclamar comida, medicinas o servicios públicos y exigir un claro cronograma por parte del CNE que le ponga fin a esta cadena de retardos y trapacerías burocráticas con las que se pretende escamotear la voluntad de las grandes mayorías.
Por otra parte, exigimos a la MUD la más firme y extensa unidad para el Revocatorio.
Convocamos a todos los sectores del país a la movilización pacífica y contundente en defensa de nuestros derechos. 
De todas partes y en todas partes crece el pregón, por encima de bayonetas y fusiles,  anunciando y reclamando el cambio en democracia. 
El Foro Democrático se incorpora con entusiasmo y dedicación, a la decisión que ya Venezuela tomó: ¡EL REFERENDUM VA!  Esto no tiene vuelta atrás.
Caracas, 03 de junio de 2016.
Manifiesto del FORO CAMBIO DEMOCRÁTICO, leído por Ricardo Ríos, representante profesoral en el Consejo Universitario de la UCV