El 1º de noviembre de 2016, se dio lectura pública en rueda de prensa, al Manifiesto de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), acto que tuvo lugar en el Auditorio de la APUCV.
Quienes suscriben este documento son una muestra de las adhesiones que se registraron para el momento de la lectura ante los periodistas. Estamos seguros que se suman muchas otras firmas y compromisos de actuación de quienes forman/formamos parte de la comunidad de profesores de la Universidad Central de Venezuela.
Grupo de universitarios interesados en analizar, reflexionar y opinar sobre la problemática de educacion superior, la UCV y los problemas del país.
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martes, 1 de noviembre de 2016
lunes, 24 de octubre de 2016
APUCV convoca al profesorado: contribuir con la restitución del Hilo constitucional
“Si no hay justicia para el pueblo
Que no haya paz para el gobierno”
Emiliano Zapata
LA
APUCV CONVOCA AL PROFESORADO A CONTRIBUIR CON LA RESTITUCIÓN DEL HILO
CONSTITUCIONAL
Con
estricto apego a lo establecido en el Artículo primero de la Ley de
Universidades, que define a la misma como “esencialmente una comunidad de
intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en
la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del
hombre”, acuerda dirigirse a nuestros agremiados, a quienes nos toca educar y a
la sociedad venezolana para exponer con rigurosidad metodológica nuestra
posición con respecto a los últimos acontecimientos que afectan el destino de
la nación.
Los
valores trascendentales del hombre tienen su origen en la Declaración de los
Derechos del hombre y el ciudadano (1789) la cual, en su artículo dos,
establecía que “La finalidad de toda asociación política es la conservación de
los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son
la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”
De
igual manera establecía en su artículo tercero que “El principio de toda
soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún
individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.”
Y en su artículo diez y seis estipulaba que “Toda sociedad en la
cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la
separación de los poderes, carece de Constitución.”
Esos
valores trascendentales fueron recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 10 de diciembre de 1948, firmada por el Estado
Venezolano.
Dicha
declaración en su Preámbulo señala que “el desconocimiento y el menosprecio de
los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más
elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de
la libertad de creencias”; y que “es esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”
En
correspondencia con tales valores y principios la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela reconoce que la soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, que los órganos del Estado emanan de la
soberanía popular y a ella están sometidos (art.5) que el Estado
garantizará los derechos humanos, su respeto por los órganos del Poder
Público (art.19) y que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional
y prevalecen en el orden interno (art.23).
Es
con fundamento en el análisis de estos derechos y las actuaciones llevadas a
cabo por el Ejecutivo Nacional, los Tribunales de la República, el Tribunal Supremo
de Justicia y el Consejo Nacional Electoral que ratificamos la pérdida del
hilo constitucional y por ende el establecimiento de un gobierno dictatorial.
Tal conclusión se deriva de los siguientes hechos violatorios de la
Constitución:
a) Corresponde
a la Asamblea Nacional aprobar el presupuesto de la nación (art.187, #6) y
no al TSJ, organismo que desconoció una institución del Estado emanada de
la soberanía popular y que tiene entre sus atribuciones designar a los
integrantes del TSJ.
b) Los
Tribunales penales no tienen competencia en el área electoral y por ende
su decisiones estuvieron al margen del derecho, más aún cuando las
evidencias que supuestamente evidenciaban un fraude electoral fueron desechadas
y el CNE convalidó el 1% de la firmas recolectadas.
c) El
CNE, al posponer la recolección del 20% convalidó una actuación
ilegal de los Tribunales Penales, desconoció un derecho constitucional,
obviando que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole
o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es
nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o
ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los
casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (art.25)
d) Todo
lo anterior evidencia la ausencia de separación de poderes y la
absoluta subordinación de los mismos a los intereses del partido de
gobierno.
La
Junta Directiva de la APUCV con fundamento en los artículos 333, 350 constitucional
y en la Declaración Universal de los Derechos humanos resuelve:
1) Exhortar
al profesorado a dar ejemplo de apego a la Constitución y la Ley de
Universidades, dando lectura de este texto en los salones de clase y debatirlo
con los alumnos.
2) Invitarlos
a la Asamblea General Universitaria a llevarse a efecto el lunes 24 de octubre,
a las 9 am, en la Plaza Cubierta del Rectorado, razón por la cual la
actividad normal debe ser suspendida y sustituida por la asamblea de los
ciudadanos universitarios.
3) Ante
la ruptura del hilo constitucional denunciado por la Asamblea Nacional,
solicitar un nuevo pronunciamiento del Consejo Universitario
4) Exhortar
a los miembros de la comunidad universitaria a movilizarse en el marco de la
resistencia pacífica y acompañar todas aquellas acciones dirigidas a
restablecer la democracia en el país.
5) Respaldar
a la Asamblea Nacional en todas aquellas acciones dirigidas a preservar la
constitución y restablecer la democracia en Venezuela.
6) Invitar
a las Asociaciones de Profesores hermanas a pronunciarse públicamente.
7) Hasta
tanto no se restituya el hilo constitucional nos declaramos en estado de
emergencia
Caracas, 23 de octubre
de 2016.
Acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela, en Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos 23.10.2016
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
En Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos ACUERDO
PARA LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA
CONSIDERANDO
Que el día 20 de Octubre del
presente año, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, decidieron sin
fundamentos sólidos e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho a revocar al
pueblo venezolano, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación;
CONSIDERANDO
Que Venezuela ha asumido
válidamente compromisos internacionales relacionados con la garantía de la
democracia y de los Derechos Humanos;
CONSIDERANDO
Que está pendiente la
designación de tres rectores principales y suplentes del Consejo Nacional
Electoral, los cuales fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; y
que el desempeño que, la mayoría de ellos, han tenido desde esa fecha conspira
contra la democracia y revela una evidente parcialidad política, y que está en
curso la designación de dos rectores principales con sus suplentes, cuyos
períodos vencen en diciembre de este año;
CONSIDERANDO
Que en diciembre de 2015, de
manera irregular y fraudulenta se designaron Magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia, violando la Constitución y el derecho de participación ciudadana;
los cuales junto a los demás magistrado, en su desempeño han terminado de
desmantelar el estado de derecho, subordinándose a las órdenes del poder
ejecutivo,
CONSIDERANDO
Que está en curso una
investigación sobre la probable doble nacionalidad del Presidente de la
República, la cual debe concluir a la brevedad; que Nicolás Maduro ha
participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada,
y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado las funciones
constitucionales de la Presidencia de la República,
CONSIDERANDO
Que la Fuerza Armada Nacional
tiene el deber de respetar y defender la Constitución, en lugar de subordinarse
a una parcialidad política y que la obediencia debida no los exime de
responsabilidad por la violación de Derechos Humanos,
CONSIDERANDO
Que en virtud del artículo 333,
todos los ciudadanos estamos en el deber y derecho de restablecer la efectiva
vigencia de la constitución.
ACUERDA
PRIMERO:
Declarar la ruptura del orden
constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de
Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y el pueblo de Venezuela.
SEGUNDO:
Solicitar a la comunidad
internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para
garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la
democracia.
TERCERO:
Formalizar la denuncia ante la Corte
Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de
los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la
suspensión del proceso de Referendo Revocatorio y demás funcionarios
responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela.
CUARTO:
Proceder de manera inmediata y de
acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores
principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre
de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes
cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello
garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la
independencia de poderes y el respeto al estado derecho.
QUINTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los
mecanismo constitucionales, a la designación de los Magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos
a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho. SEXTO:
Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la
Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea
Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la
materia.
SÉPTIMO:
Conformar una comisión especial de
alto nivel parlamentario encargada de desarrollar y definir las decisiones
emanadas de este acuerdo para restituir el orden constitucional.
OCTAVO:
Exigir a la Fuerza Armada Nacional no
obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios
constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela,
emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
NOVENO:
Convocar al pueblo de Venezuela, en
virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el art
333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de
nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la
restitución del Orden Constitucional.
DÉCIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y
sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintitrés días del mes
de octubre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la
Federación.
HENRY RAMOS ALLUP Presidente
|
|
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ Primer Vicepresidente
|
JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Segundo Vicepresidente
|
ROBERTO EUGENIO MARRERO
BORJAS Secretario
|
JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario
|
sábado, 22 de octubre de 2016
Declaración Conjunta: APUCV - FCU - APUFAT
Como instituciones representativas del profesorado, el estudiantado y los profesionales de la UCV...
DECLARACION CONJUNTA
Las Juntas Directivas de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y la Asociación de Profesionales Universitarios en funciones Administrativas y Técnicas, reunidas el día de hoy, luego de evaluar la actual situación nacional, acuerdan pronunciarse en los siguientes términos.
CONSIDERANDO
Que la Constitución Nacional es el pacto social que nos dimos los venezolanos para garantizar el progreso social y la convivencia pacífica, en virtud de lo cual todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo
Que siendo Venezuela un Estado democrático, social de Derecho y Justicia, que propugna como valores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, resulta inadmisible la decisión gubernamental de impedir todo proceso electoral en abierta complicidad con otras instituciones del Estado.
Que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, ejerciéndola directamente en la forma prevista en La Constitución y la ley, e indirectamente, mediante el sufragio siendo un derecho constitucional revocar el mandato de los funcionarios electos.
Que los ciudadanos cumplieron con los requisitos constitucionalmente establecidos para convocar un proceso revocatorio del ciudadano Presidente de la República, y es obligación del Consejo Nacional Electoral garantizar dicho derecho sin crear requisitos inconstitucionales que buscan retrasar el proceso revocatorio negando así el derecho del pueblo a pronunciarse libremente.
Que la aprobación del presupuesto de la nación es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y no de una inexistente asamblea popular o del Tribunal Supremo de Justicia
Que siendo mandato expreso de la Ley que las universidades contribuyan con la orientación doctrinaria del país, nos vemos en la obligación de denunciar la desaparición del Estado de Derecho en Venezuela y, por ende el fin de la democracia y el establecimiento de una dictadura.
Las razones que nos conducen a tan grave afirmación están contenidas en el Informe que presentó el Secretario General de la OEA ante el Consejo Permanente para invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana púes en el mismo se evidencia la violación de los elementos esenciales de la democracia: El "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[...]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
Como instituciones representativas del profesorado, el estudiantado y los profesionales de la UCV
ACORDAMOS
1) Respaldar la decisión de la Asamblea Nacional de desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que contrarían valores, principios y garantías democráticas y lesionan derechos fundamentales.
2) Participar en un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.
3) Emplazar al CNE para que fije el cronograma de realización del Referéndum Revocatorio al mandato del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, en el año 2016.
4) Exhortar al Consejo Universitario de la UCV a fijar posición sobre la situación nacional y a evaluarla con rigurosidad académica la validez de las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional. Como decía Desmond Tutu: "si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor".
5) Recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.”
6) Ratificar que es atribución de la Asamblea Nacional discutir y aprobar el presupuesto nacional, razón por la cual la decisión del TSJ usurpa una función que no le compete y, por mandato constitucional su decisión es ineficaz y sus actos nulos.
7) Ratificar que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, y en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, razón por la cual debe cesar en el uso del término Fuerza Nacional Bolivariana, desconocer las milicias populares y dejar de reconocerse chavista.
8) Recordar a quienes compete que ° Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
9) Reivindicamos el Artículo 350 que señala. ° El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
10) Acompañar todas las acciones que sean necesarias para recuperar la democracia y poner fin a un gobierno que violando la Constitución desconoce derechos humanos.
11) Hacer público el presente acuerdo, remitirlo a la Asamblea Nacional, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a la Organización de Estados Americanos, a la UNASUR y a las Naciones Unidas.
12) Hacer entrega del mismo en todas las embajadas del país.
Víctor Márquez Corao Hasler Iglesias Ángel García Butto
Presidente de APUCV Presidente de la FCU Presidente de APUFAT
Publicado en Boletín de APUCV Informa Nº 694 del Caracas 18/10/2016
Comunicado FCU-UCV: Nuestras libertades son irrevocables.
COMUNICADO
Ante la
situación actual del país, desde la Federación de Centros Universitarios de la
Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), manifestamos nuestro rechazo ante
el abuso de poder del Gobierno Nacional que, utilizando los poderes públicos y
violando la constitución, decidió suspender un derecho constitucional y
democrático, como es la convocatoria de un referéndum revocatorio.
Es por
ello que los estudiantes hacemos un llamado a toda la juventud venezolana y
sociedad civil a acompañar todas las acciones de calle que se realizaran para
garantizar el respeto a la voluntad de todos los venezolanos y la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
Frente
al abuso de poder, expresado claramente por el Gobierno Nacional al aprobar un
presupuesto sin el aval de la Asamblea Nacional, frente a los arrebatos y
constantes violaciones a los derechos humanos, frente al irrespeto a la
constitución, las leyes y la democracia, frente a la persecución y acoso a
quienes piensan distinto y el impedimento de realizar elecciones libres y
transparentes, los estudiantes nos pronunciamos ante lo que claramente es una
dictadura.
No se
puede seguir llamando democrático a un Gobierno que tranca las vías electorales
y constitucionales y los estudiantes no vamos a seguir reconociéndolo como tal.
Así como Gómez tembló en el 28, y Pérez Jiménez se fue en el 58, no habrá
dictadura que soporte al pueblo organizado defendiendo sus derechos en la
calle. No seremos nosotros los que abandonaremos esta lucha histórica por
libertad. Ante las arbitrariedades y autoritarismos, los estudiantes seguiremos
buscando independencia y civilismo. No vamos a claudicar, nos vamos a mantener
en las calles, ¡nuestras libertades son irrevocables!
Es por
ello que convocamos una gran asamblea universitaria el próximo lunes 24 de
octubre a las 09:00 am en Plaza Cubierta de la UCV.
viernes, 21 de octubre de 2016
Comunicado AVERU: Orden Constitucional, Derechos Humanos y REvocatorio 2016
COMUNICADO
La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se dirige a la opinión pública para fijar posición ante las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que afectan la organización y funcionamiento del Poder Público y atentan contra el artículo 136 de nuestra Carta Magna.
En tal sentido manifestamos que la AVERU como asociación donde confluyen las Universidades Venezolanas en su función rectora de la educación, cultura y ciencia al servicio de la nación, pone a disposición del País los espacios académicos e institucionales para la libre discusión de esta problemática, e insta al Poder Público a dar cumplimiento a la Constitución Nacional, como norma fundamental que organiza y establece las bases de la convivencia pacífica, de los valores, principios y garantías democráticas, así como el respeto a los derechos fundamentales. Por lo tanto:
CONSIDERANDO
Que el desconocimiento de la organización y principios democráticos establecidos en nuestra Carta Magna, lesionan y profundizan la crisis institucional por la violación del estado de derecho y la democracia, que deben ser asumidos por las instancias públicas velando por su integridad y efectiva vigencia.
CONSIDERANDO
Que el País viene sufriendo un decaimiento progresivo en las Instituciones que conforman el Poder Público, y concretamente de las atribuciones que le son propias y definidas en la Constitución a la cual deben sujetarse sus decisiones, por lo que la usurpación de los poderes de los otros órganos constitucionales por uno o varios de ellos confabulados, acarrean la nulidad de sus actos como ocurre con las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
CONSIDERANDO
Que es flagrante el desconocimiento del Orden Constitucional y la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, lo cual obliga a AVERU a hacer un llamado a las organizaciones democráticas nacionales e internacionales, a acudir con su mediación para evitar el colapso definitivo de la democracia venezolana y la crisis humanitaria que afecta a nuestra población.
ACUERDA
PRIMERO: Rechazar las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por transgredir las normas constitucionales excediendo la autoridad que le ha sido otorgada, y limitando las competencias del Poder Legislativo, pilar de la democracia por ser producto de la votación libre, universal, directa y secreta, mecanismo mediante el cual los ciudadanos participan en los asuntos públicos por medio de sus representantes elegidos.
SEGUNDO: Exigir a los órganos y funcionarios que ejercen el Poder Público, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 333 de la Constitución Nacional como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico el restablecimiento y cumplimiento de todos sus preceptos, por lo cual la Sala Constitucional debe actuar con independencia y objetividad por mandato expreso del articulo 254 ejusdem, con el fin de garantizar la plena y efectiva vigencia de nuestra Carta Magna.
TERCERO: AVERU exhorta al Poder Ejecutivo, el Judicial, el Ciudadano, el Legislativo y el Electoral a cumplir el rol institucional que les compete, en aras a atender la dramática crisis económica, social, de salud y alimentaria que agobia a la población venezolana, que atenta contra los derechos a la vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia y con ello a la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político característico de una democracia cabal
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE RECTORES UNIVERSITARIOS
Caracas, 18 de octubre de 2016
CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ PRESIDENTA
MARIO BONUCCI ROSSINI VICE-PRESIDENTE
BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY SECRETARIO
REFERENDO REVOCATORIO 2016...
--
miércoles, 19 de octubre de 2016
Manifiesto universitario
Manifiesto universitario
PROFESORES DE LA UCV CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL REFERENDO REVOCATORIO
No es una exageración afirmar que el país conoce la peor crisis de su historia. Nunca como en estos tiempos el pueblo venezolano se había visto sometido a condiciones de existencia tan difíciles. Los graves males que afligen a la república se manifiestan en todos los órdenes de la vida nacional y agobian implacablemente la vida de los ciudadanos. La aguda escasez de bienes esenciales, en particular alimentos y medicinas no solo ha significado una precarización de la existencia individual y social, sino que es la causa directa de inenarrable sufrimiento y muerte. La inflación más alta del mundo ha pulverizado la capacidad adquisitiva de sueldos y salarios haciendo más pobres a los que ya lo eran y empobreciendo a amplias capas de la sociedad, entre ellas a los estratos profesionales a que pertenecen los profesores universitarios. El desempleo afecta a la quinta parte de la población laboral y el subempleo y la informalidad a más de la mitad de la restante. El sistema productivo nacional ha sido conducido al colapso, mientras que las importaciones, que otrora compensaran artificialmente la insuficiencia inducida del aparato económico, no bastan para asegurar la subsistencia de la población. La inseguridad reina por doquier como consecuencia de la ineptitud gubernamental para poner en práctica políticas que ataquen las causas estructurales del delito y permitan sancionar ejemplarmente a los delincuentes con arreglo a las leyes vigentes. En lugar de ello, el sistema judicial ha sido convertido en una burocracia ineficiente y venal cooptada al servicio del régimen político. La corrupción, flagelo histórico, ha alcanzado niveles astronómicos a la vera del aparato estatal arruinando el país al paso que creaba una nueva y desmesuradamente rica oligarquía. En el proceso de deterioro institucional y envilecimiento moral que la corrupción ha producido han desempeñado un papel protagónico organizaciones que, como las fuerzas armadas y otros instrumentos del poder público tenían por misión combatirla y no sucumbir a ella. El discurso oficial exalta la violencia como garantía de conservación del poder político y niega el derecho democrático a disentir, judicializando las legítimas y pacíficas protestas y descalificando a quienes se le oponen, creando una policía política que se ocupa de perseguirlos con saña, pretendiendo intimidarlos, sometiéndolos a tratos crueles y degradantes y condenándolos a injustas penas por medio de procesos fraudulentos y violatorios de los derechos humanos, indignos de ser denominados legales. Sobresale en la sistemática negación de todo proceder independiente el desvergonzado interés del Ejecutivo, asistido en cómplice subordinación por el Tribunal Supremo de Justicia, de someter a sus arbitrios a la Asamblea Nacional. Un cuadro de inadmisible irrespeto a la Constitución al que se suman la insólita amenaza del presidente de la República de que no habrá revocatorio ni en 2016 ni en 2017, así como la silenciosa y culpable suspensión de las elecciones regionales por un sumiso Consejo Nacional Electoral.En el curso de las casi dos décadas de gobierno “revolucionario” las instituciones universitarias han sufrido toda suerte de agresiones, desde el estrangulamiento presupuestario hasta los ataques físicos directos contra sus bienes, así como contra los integrantes de su comunidad, autoridades académicas y gremiales incluidas. Invocando la “inclusión”, término desvalorizado por su práctica populista y demagógica, el gobierno nacional ha implementado unas políticas para el sector universitario que lejos de asegurar condiciones para que el mayor número de estudiantes tenga acceso a estudios profesionales de calidad han significado la creación de algunas pseudouniversidades destinadas al proselitismo ideológico, privando a las verdaderas de recursos indispensables para cumplir su cometido, amenazando de extinción la carrera académica y comprometiendo gravemente el futuro del país, todo ello en un clima deliberadamente enrarecido de subestimación de la actividad intelectual, que se presenta en la avasallante propaganda oficial como una especie de veleidad “burguesa”.
La depauperación del profesorado universitario, despiadadamente conducido al umbral de una indigencia sin precedentes en el proceso general de ruina impuesto a las mayorías trabajadoras, no solo revela meridianamente los propósitos gubernamentales de liquidar toda fuente de pensamiento y actuación críticos con el objeto de apropiarse indefinidamente del poder público, sino que constituye un peligrosísimo atentado contra el presente y el porvenir de la nación.
En nombre de ese porvenir, que es nuestra obligación contribuir a diseñar para las venideras generaciones de venezolanos, pero también en nombre de nuestros derechos presentes constantemente vulnerados por un régimen inicuo y excluyente, nosotros, profesores de la Universidad Central de Venezuela, nos movilizaremos activamente para la realización del referendo revocatorio en este 2016, e invitamos a todos los universitarios y al pueblo atropellado hasta la humillación por el gobierno de Maduro a incorporarse a ese clamor nacional.
Caracas, 18 de octubre de 2016.
jueves, 16 de junio de 2016
La Universidad: Alma Mater
La Universidad: Alma Mater
Hector Silva Michelena
Hector Silva Michelena
¿Qué
significa Alma Mater? Alma mater es una expresión del latín que es usada para
designar, metafóricamente, a la universidad. Su traducción literal sería “madre
nutricia”, pues alma significa “que nutre”, mientras mater, matris, traduce
“madre”.
En
este sentido, la universidad es considerada como una madre, pues provee a sus
hijos, los estudiantes, con el alimento de los conocimientos universales para
el ejercicio profesional.
De
allí que cada alumno regular y egresado considere que su alma mater es la
universidad donde se formó y cursó estudios. Originalmente, la locución era
empleada en la Antigua Roma para referirse a la diosa madre y luego, con la
llegada del cristianismo, a la virgen María.
No
obstante, el origen de su uso actual proviene del lema de la Universidad de
Bolonia, la primera fundada en Occidente, que es “alma mater studiorum” o, en
español, “madre nutricia de los estudios”. De allí que hoy en día designe así a
la academia en el sentido de comunidad científica.
Hoy
es 31 de mayo, día del egresado, y henos aquí convocados por nuestra Asociación
con el fin de establecer, renovar y consolidar los lazos que nos ligan a
nuestra Madre Nutricia, la UCV, a fin de fortalecerla tanto en lo material como
en lo espiritual.
Digamos
ahora breves palabras sobre la Universidad.
En
lo sustantivo, la enseñanza Universitaria puede resumirse en unos pocos
conceptos: formar ciudadanos responsables y comprometidos; proporcionar los
profesionales que la sociedad necesita, desarrollar la investigación científica;
conservar y transmitir la cultura, enriqueciéndola con el aporte creador de
cada generación; actuar como memoria del pasado y atalaya del futuro; y
constituir una instancia crítica basada en el rigor y el mérito que la
conviertan en la vanguardia de la solidaridad intelectual y moral
Aunque
estrechamente relacionados con la vida política, económica y social, estos
cometidos universitarios tienen perfil propio, son los de una institución
particular cuya alma es el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Forman un
conjunto de actividades más vinculadas a la ética y las convicciones, que al
utilitarismo y la inmediatez propios de otros ámbitos de la existencia.
Esta
dimensión ética de la labor universitaria cobra especial relieve hoy en día, en
esta época de rápidas transformaciones que afectan a casi todos los órdenes de
la vida individual y colectiva, y amenazan con borrar los puntos de referencia
y deshacer los asideros morales para edificar el porvenir. Ante tal celeridad,
y el carácter negativo de ciertas tendencias, la Universidad debe erigirse en
baluarte de los valores del espíritu, tal como dice el frontispicio de la
Universidad de Heidelberg, “Al espíritu puro”; es decir, una gran animadora de
un movimiento crítico que procure el desarrollo de la inteligencia, la
solidaridad y el compromiso.
Para
saber hacia dónde vamos, es preciso fijarse puntos de mira muy elevados. Como
nos recuerdan los versos de uno de los heterónimos del gran poeta
portugués Fernando Pessoa: “La luna brilla
por igual en el mar y en los pequeños
charcos, porque está suficientemente alta”.
Pero
la brújula no se ve en la oscuridad, nada puede hacerse sin un contexto de paz
y de justicia. La paz es un prerrequisito, por eso debemos insertarnos en la
gran “conspiración ética” propuesta por ilustres profesores basada en una
movilización contra la violencia, el autoritarismo, el continuismo y sus causas
profundas: la injusticia, la ignorancia, la tiranía, la miseria. La Universidad
está en el deber de poner sus conocimientos y reservas morales al servicio de
toda la nación sin distingos raciales, sociales, económicos, geográficos e
ideológicos.
El
poeta franco-rumano Eugène Ionesco nos decía: “las ideologías nos separan, los
sueños y las angustias nos unen”. Impidamos pues que en nuestra Nación se siga
erigiendo una cierta modalidad de muro ideológico. Nuestro futuro colectivo
cruza tiempos de crisis sin precedentes en nuestra historia republicana; ya que
no puede haber paz mientras millones de personas vivan en condiciones infrahumanas.
Que la realidad no corrobore el juicio pesimista del fino escritor y poeta
francés Paul Valéry: “el futuro ya no es lo que era”.
Recientemente
la Universidad ha de enfrentar un nuevo reto: poner al desnudo el carácter
dictatorial del Régimen de turno, expresado en el decreto de Estado de
Excepción Y Emergencia Económica, dictado por el presidente del
Ejecutivo. ¿Qué dice en el fondo este decreto? El profesor José
Ignacio Hernández, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y
Profesor de la UCV y UCAB, expresó concluyentemente:
“El
Decreto alude, en general, a la ‘oposición política venezolana’. No alude a
grupos ni a sectores de la oposición. No. Para el Decreto, toda la oposición es
un factor de desestabilización que debe ser atacado”. A menos que su ignorancia
sea más grande de lo previsto, podemos suponer que el presidente Nicolás
Maduro, y en general toda la élite del poder, debe saber a ciencia cierta que
-como bien lo ha explicado el profesor Humberto García Larralde, en su libro El
fascismo del siglo XXI- el fascismo es básicamente una práctica política
orientada al dominio de la sociedad desde el Estado a partir de un conjunto
articulado de mitos sobre el pueblo, lo patriótico, lo nacional y la
superioridad étnica con el propósito de crear un "nosotros" que debe
defenderse de los "otros", los que piensan y son diferentes, quienes
representan un peligro y, por tanto, deben ser eliminados ya sea política,
moral, ideológica y, cuando sea necesario, físicamente. Es el exterminio, la
solución final del nacionalsocialismo de Hitler
Con
lucidez, precisa el profesor Hernández: “Incluso es algo todavía más grave que
esto: este Decreto pretende derogar la Constitución, al suspender el ejercicio
de funciones propias de la Asamblea Nacional, ignorando que, como dice el
Artículo 339, el estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los
órganos del Poder Público. No estamos, por ello, ante un verdadero Decreto de
estado de excepción, al menos en los términos del Artículo 337 y siguientes de
la Constitución. Estamos, en realidad, ante un Decreto que pretende
derogar la Constitución con medidas contrarias a los valores, los principios y
las garantías constitucionales”.
Las
respuestas de la educación superior en un mundo que se transforma deben guiarse
por cuatro criterios que determinan su jerarquía y su funcionamiento local,
nacional e internacional: pertinencia, autonomía, solidaridad nacional e
internacionalización.
Para
lograr estos objetivos el sistema universitario deberá cumplir ciertos
requisitos básicos:
1)
La Universidad debe ser una institución basada en el mérito. La calidad
académica no se logra con profesores vitalicios, estancados o mal
remunerados; la seguridad de la cátedra es un factor
positivo siempre y cuando se acredite primero el mérito que le asiste. La
misma razón del mérito se aplica a los estudiantes. A los jóvenes concierne
recordarles que la Universidad ha dejado de ser un privilegio de los ya
privilegiados, y que todos somos pasajeros de la misma nave, con un destino
común.
2)
La Universidad ha de ser autónoma, sin autonomía no hay Universidad porque no
existe la libertad de pensamiento; se corre el peligro de que el Estado de
signo totalitario imponga en la enseñanza su propia ideología y su propio partido.
Si la Universidad no encarnase el valor social de la búsqueda pura del
conocimiento, sino que sirviera a intereses y objetivos materiales concretos,
probablemente habría desaparecido ya como muchas otras instituciones
medievales. Garante de los principios democráticos para la vida cotidiana de
todos los ciudadanos, la Universidad no debe aplicar siempre principios de
representación política a la vida académica, en la que sólo debe prevalecer la
calidad. Las leyes científicas no se establecen por votación.
3)
La Universidad debe articularse con sus egresados y amigos que muestren un
espíritu apegado a la justicia, equidad y solidaridad humana y cuyas
contribuciones académicas, empresariales, culturales, políticas y/o deportivas
lo califiquen como un Egresado Integral.
4)
La Universidad ha de contribuir tanto a preservar el legado de las generaciones
precedentes como a forjar el porvenir. Los conceptos novedosos de la
“Universidad virtual”, la transmisión de datos mediante dispositivos
electrónicos, o cualquier sistema multimedia,
son excelentes siempre y cuando se empleen como lo que son:
herramientas, instrumentos al servicio del ser humano y no fines en sí mismo.
El
genio de Albert Einstein legó estas palabras: “En épocas de crisis sólo la
imaginación es más importante que el conocimiento”. Quizás nunca estas palabras
hayan tenido un sentido tan hondo como el que adquieren ahora, a la luz de los
acontecimientos que marcaron al siglo XX –dos guerras mundiales, la Gran
Depresión y el derrumbe de la URSS- y en las tendencias que empiezan a verse en
los dos quinquenios recorridos por el siglo XXI.
Este
siglo, cuyo perfil puede moldear la Universidad desde ahora, puede tomar un
rumbo hacia la formación de una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales,
donde esa igualdad sea equitativa, es decir una igualdad que se establezca con
base a las capacidades y al mérito, y no impuesta.
Vale
recordar que los versos más brillantes de nuestro Himno Nacional, fueron
escritos por el médico y poeta Vicente Salias, cumpliendo una idea surgida en
la Sociedad Patriótica, luego del 19 de abril. Salias improvisó allí mismo las
primeras estrofas que surgieron como un canto emocional patriótico, y que 71
años después se convertiría en el Himno Nacional “Gloria al Bravo Pueblo”,
según decreto del presidente Antonio Guzmán Blanco. Desde hace tiempo,
esos versos han sido pobremente recitados, convertidos en un desabrido
ritornello oficial. Helos aquí:
Gritemos con brío
¡Muera la opresión! Compatriotas fieles La fuerza es la unió
Y si el despotismo Levanta la voz Seguid el ejemplo Que Caracas dio.
Ese
ejemplo fue nada menos que el del Cabildo de Caracas, al destituir el 19 de
abril de 1810 al Capital General Vicente Emparan e iniciar el proceso de
independencia; nacían así los Estados Unidos de Venezuela, Confederación
Venezolana o Provincias Unidas de Venezuela, que luego darían paso a la primera
República con la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811.
Del
talento y el entusiasmo que pongamos en esta obra capital, dependerá que un día
podamos mirar limpiamente a los ojos de nuestros hijos. Que siempre
digamos de nuestra Alma Mater: “Nunca me has negado tu leche de virgen”, como
escribió, con amor, Rafael Cadenas, en 1966. Y entonces recordé este bello
verso del Cantar de los Cantares: “Hay miel y leche bajo tu lengua”.
En
todos los tiempos, el ejercicio de la inteligencia, del pensamiento crítico, y
la sensibilidad social y personal, han demostrado ser siempre la más eficaz
rosa de los vientos, y su lectura creadora, hoy como siempre, sigue siendo la
misión principal de la Universidad. ¡Marchemos con ella, nuestra Alma Mater,
“con un canto infinito de paz”, como dice uno de los versos de nuestro hermoso
himno universitario!
31 de mayo, 2016
Discurso en el acto de reconocimiento al Dr. Hector Silva Michelena que brindó la Asociación de Egresados y amigos de la UCV.
Tomado de: DigaloAhiDigital
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