jueves, 16 de junio de 2016

La Universidad: Alma Mater

La Universidad: Alma Mater
Hector Silva Michelena

¿Qué significa Alma Mater? Alma mater es una expresión del latín que es usada para designar, metafóricamente, a la universidad. Su traducción literal sería “madre nutricia”, pues alma significa “que nutre”, mientras mater, matris, traduce “madre”.
En este sentido, la universidad es considerada como una madre, pues provee a sus hijos, los estudiantes, con el alimento de los conocimientos universales para el ejercicio profesional.
De allí que cada alumno regular y egresado considere que su alma mater es la universidad donde se formó y cursó estudios. Originalmente, la locución era empleada en la Antigua Roma para referirse a la diosa madre y luego, con la llegada del cristianismo, a la virgen María.
No obstante, el origen de su uso actual proviene del lema de la Universidad de Bolonia, la primera fundada en Occidente, que es “alma mater studiorum” o, en español, “madre nutricia de los estudios”. De allí que hoy en día designe así a la academia en el sentido de comunidad científica.
Hoy es 31 de mayo, día del egresado, y henos aquí convocados por nuestra Asociación con el fin de establecer, renovar y consolidar los lazos que nos ligan a nuestra Madre Nutricia, la UCV, a fin de fortalecerla tanto en lo material como en lo espiritual.
Digamos ahora breves palabras sobre la Universidad.
En lo sustantivo, la enseñanza Universitaria puede resumirse en unos pocos conceptos: formar ciudadanos responsables y comprometidos; proporcionar los profesionales que la sociedad necesita, desarrollar la investigación científica; conservar y transmitir la cultura, enriqueciéndola con el aporte creador de cada generación; actuar como memoria del pasado y atalaya del futuro; y constituir una instancia crítica basada en el rigor y el mérito que la conviertan en la vanguardia de la solidaridad intelectual y moral
Aunque estrechamente relacionados con la vida política, económica y social, estos cometidos universitarios tienen perfil propio, son los de una institución particular cuya alma es el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Forman un conjunto de actividades más vinculadas a la ética y las convicciones, que al utilitarismo y la inmediatez propios de otros ámbitos de la existencia.
Esta dimensión ética de la labor universitaria cobra especial relieve hoy en día, en esta época de rápidas transformaciones que afectan a casi todos los órdenes de la vida individual y colectiva, y amenazan con borrar los puntos de referencia y deshacer los asideros morales para edificar el porvenir. Ante tal celeridad, y el carácter negativo de ciertas tendencias, la Universidad debe erigirse en baluarte de los valores del espíritu, tal como dice el frontispicio de la Universidad de Heidelberg, “Al espíritu puro”; es decir, una gran animadora de un movimiento crítico que procure el desarrollo de la inteligencia, la solidaridad y el compromiso.
Para saber hacia dónde vamos, es preciso fijarse puntos de mira muy elevados. Como nos recuerdan los versos de uno de los heterónimos del gran poeta portugués  Fernando  Pessoa:  “La luna  brilla  por  igual  en  el mar  y  en  los pequeños charcos, porque está suficientemente alta”.
Pero la brújula no se ve en la oscuridad, nada puede hacerse sin un contexto de paz y de justicia. La paz es un prerrequisito, por eso debemos insertarnos en la gran “conspiración ética” propuesta por ilustres profesores basada en una movilización contra la violencia, el autoritarismo, el continuismo y sus causas profundas: la injusticia, la ignorancia, la tiranía, la miseria. La Universidad está en el deber de poner sus conocimientos y reservas morales al servicio de toda la nación sin distingos raciales, sociales, económicos, geográficos e ideológicos.
El poeta franco-rumano Eugène Ionesco nos decía: “las ideologías nos separan, los sueños y las angustias nos unen”. Impidamos pues que en nuestra Nación se siga erigiendo una cierta modalidad de muro ideológico. Nuestro futuro colectivo cruza tiempos de crisis sin precedentes en nuestra historia republicana; ya que no puede haber paz mientras millones de personas vivan en condiciones infrahumanas. Que la realidad no corrobore el juicio pesimista del fino escritor y poeta francés Paul Valéry: “el futuro ya no es lo que era”.
Recientemente la Universidad ha de enfrentar un nuevo reto: poner al desnudo el carácter dictatorial del Régimen de turno, expresado en el decreto de Estado de Excepción Y Emergencia Económica, dictado por el presidente del Ejecutivo.   ¿Qué dice en el fondo este decreto? El profesor José Ignacio Hernández, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB, expresó concluyentemente:
“El Decreto alude, en general, a la ‘oposición política venezolana’. No alude a grupos ni a sectores de la oposición. No. Para el Decreto, toda la oposición es un factor de desestabilización que debe ser atacado”. A menos que su ignorancia sea más grande de lo previsto, podemos suponer que el presidente Nicolás Maduro, y en general toda la élite del poder, debe saber a ciencia cierta que -como bien lo ha explicado el profesor Humberto García Larralde, en su libro El fascismo del siglo XXI- el fascismo es básicamente una práctica política orientada al dominio de la sociedad desde el Estado a partir de un conjunto articulado de mitos sobre el pueblo, lo patriótico, lo nacional y la superioridad étnica con el propósito de crear un "nosotros" que debe defenderse de los "otros", los que piensan y son diferentes, quienes representan un peligro y, por tanto, deben ser eliminados ya sea política, moral, ideológica y, cuando sea necesario, físicamente. Es el exterminio, la solución final del nacionalsocialismo de Hitler
Con lucidez, precisa el profesor Hernández: “Incluso es algo todavía más grave que esto: este Decreto pretende derogar la Constitución, al suspender el ejercicio de funciones propias de la Asamblea Nacional, ignorando que, como dice el Artículo 339, el estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público. No estamos, por ello, ante un verdadero Decreto de estado de excepción, al menos en los términos del Artículo 337 y siguientes de la Constitución.  Estamos, en realidad, ante un Decreto que pretende derogar la Constitución con medidas contrarias a los valores, los principios y las garantías constitucionales”.
Las respuestas de la educación superior en un mundo que se transforma deben guiarse por cuatro criterios que determinan su jerarquía y su funcionamiento local, nacional e internacional: pertinencia, autonomía, solidaridad nacional e internacionalización.
Para lograr estos objetivos el sistema universitario deberá cumplir ciertos requisitos básicos:
1) La Universidad debe ser una institución basada en el mérito. La calidad académica no se logra con profesores vitalicios, estancados o mal remunerados;  la  seguridad de la cátedra es un factor  positivo  siempre y cuando se acredite primero el mérito que le asiste. La misma razón del mérito se aplica a los estudiantes. A los jóvenes concierne recordarles que la Universidad ha dejado de ser un privilegio de los ya privilegiados, y que todos somos pasajeros de la misma nave, con un destino común.
2) La Universidad ha de ser autónoma, sin autonomía no hay Universidad porque no existe la libertad de pensamiento; se corre el peligro de que el Estado de signo totalitario imponga en la enseñanza su propia ideología y su propio partido. Si la Universidad no encarnase el valor social de la búsqueda pura del conocimiento, sino que sirviera a intereses y objetivos materiales concretos, probablemente habría desaparecido ya como muchas otras instituciones medievales. Garante de los principios democráticos para la vida cotidiana de todos los ciudadanos, la Universidad no debe aplicar siempre principios de representación política a la vida académica, en la que sólo debe prevalecer la calidad. Las leyes científicas no se establecen por votación.
3) La Universidad debe articularse con sus egresados y amigos que muestren un espíritu apegado a la justicia, equidad y solidaridad humana y cuyas contribuciones académicas, empresariales, culturales, políticas y/o deportivas lo califiquen como un Egresado Integral.
4) La Universidad ha de contribuir tanto a preservar el legado de las generaciones precedentes como a forjar el porvenir. Los conceptos novedosos de la “Universidad virtual”, la transmisión de datos mediante dispositivos electrónicos,  o  cualquier  sistema  multimedia,  son  excelentes  siempre  y cuando se empleen como lo que son: herramientas, instrumentos al servicio del ser humano y no fines en sí mismo.
El genio de Albert Einstein legó estas palabras: “En épocas de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”. Quizás nunca estas palabras hayan tenido un sentido tan hondo como el que adquieren ahora, a la luz de los acontecimientos que marcaron al siglo XX –dos guerras mundiales, la Gran Depresión y el derrumbe de la URSS- y en las tendencias que empiezan a verse en los dos quinquenios recorridos por el siglo XXI.
Este siglo, cuyo perfil puede moldear la Universidad desde ahora, puede tomar un rumbo hacia la formación de una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, donde esa igualdad sea equitativa, es decir una igualdad que se establezca con base a las capacidades y al mérito, y no impuesta.
Vale recordar que los versos más brillantes de nuestro Himno Nacional, fueron escritos por el médico y poeta Vicente Salias, cumpliendo una idea surgida en la Sociedad Patriótica, luego del 19 de abril. Salias improvisó allí mismo las primeras estrofas que surgieron como un canto emocional patriótico, y que 71 años después se convertiría en el Himno Nacional “Gloria al Bravo Pueblo”, según decreto del presidente Antonio Guzmán Blanco.  Desde hace tiempo, esos versos han sido pobremente recitados, convertidos en un desabrido ritornello oficial. Helos aquí:
Gritemos con brío
¡Muera la opresión! Compatriotas fieles La fuerza es la unió
Y si el despotismo Levanta la voz Seguid el ejemplo Que Caracas dio.
Ese ejemplo fue nada menos que el del Cabildo de Caracas, al destituir el 19 de abril de 1810 al Capital General Vicente Emparan e iniciar el proceso de independencia; nacían así los Estados Unidos de Venezuela, Confederación Venezolana o Provincias Unidas de Venezuela, que luego darían paso a la primera República con la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811.
Del talento y el entusiasmo que pongamos en esta obra capital, dependerá que un día podamos mirar limpiamente a los ojos de nuestros hijos.  Que siempre digamos de nuestra Alma Mater: “Nunca me has negado tu leche de virgen”, como escribió, con amor, Rafael Cadenas, en 1966. Y entonces recordé este bello verso del Cantar de los Cantares: “Hay miel y leche bajo tu lengua”.
En todos los tiempos, el ejercicio de la inteligencia, del pensamiento crítico, y la sensibilidad social y personal, han demostrado ser siempre la más eficaz rosa de los vientos, y su lectura creadora, hoy como siempre, sigue siendo la misión principal de la Universidad. ¡Marchemos con ella, nuestra Alma Mater, “con un canto infinito de paz”, como dice uno de los versos de nuestro hermoso himno universitario!
31 de mayo, 2016
Discurso en el acto de reconocimiento al Dr. Hector Silva Michelena que brindó la Asociación de Egresados y amigos de la UCV.
Tomado de: DigaloAhiDigital

martes, 14 de junio de 2016

ConfianzaUCV acompaña a la Red ARA rechazando el decreto del Arco Minero del Orinoco


La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) se une a diferentes organizaciones y personalidades en el rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo.
Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, desconoce obligaciones establecidas en el texto constitucional; parece derogar de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente.
Tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes: En particular en el mismo resaltan los siguientes aspectos:
  • Se está delimitando una zona a ser intervenida de cerca de 112 mil km2. Ésta representa casi 12% del territorio nacional, una superficie similar a países como Cuba o Guatemala. Asimismo se habla de la convocatoria a 150 empresas transnacionales, las cuáles, en la mayor parte de los casos, realizarían minería a cielo abierto. Jamás en la historia previa del país se había planteado esa escala de destrucción ambiental. 
  • Se resalta la presencia en el AMO de recursos minerales altamente codiciados tales como: oro, diamante, coltán, hierro, bauxita y tierras raras. Pero a la vez, se oculta el hecho de que la región contiene riquezas mucho más valiosas para el país que estos minerales. Éstas incluyen una muy alta diversidad biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (productoras del 70% de la energía eléctrica nacional); así como diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y Reservas Forestales.
  • Se resaltan las fabulosas ganancias que serían derivadas de la explotación de los minerales presentes. Pero no se hace mención de los enormes costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este tipo de proyectos. Éstos pueden incluir la pérdida de especies y ecosistemas únicos; la contaminación del agua; la colmatación de los ríos; la destrucción de paisajes; el aumento del riesgo de catástrofes tecnológicas; la pérdida y contaminación de los suelos; la bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica; la disminución de la calidad del aire; el aumento de enfermedades infecciosas; así como el deterioro derivado, tanto del desarrollo de servicios actualmente inexistentes en el área (vialidad, vivienda, salud, educación) como del posible crecimiento urbano no planificado en los alrededores de las zonas mineras, entre otros efectos. 
  • Se intenta convencer al país sobre la supuesta base ecológica (Ecosocialista) que tendrían los proyectos mineros realizados en el AMO. Pero se oculta el hecho de que la experiencia global indica de manera innegable que no existe en ninguna parte del mundo ejemplos de una pretendida “minería ecológica” y mucho menos con las metodologías propuestas. Que por lo contrario la minería es y será una actividad ambientalmente destructiva y a largo plazo económicamente insustentable. Bajo esas premisas, los países responsables, buscan desarrollar proyectos mineros de bajo impacto, a escalas manejables, en territorios estrictamente delimitados por procesos profesionales de ordenación del territorio y bajo control riguroso, tanto gubernamental como social. 
  • Aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de que se respetarán los derechos de las comunidades indígenas presentes en el territorio afectado por el AMO, en contraste, diversas organizaciones indígenas han denunciado que estas comunidades no fueron consultadas. Por ello, este proyecto no cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ello es más preocupante, debido a que existen sólidas razones para afirmar que este proyecto vulnerará derechos humanos fundamentales, así como culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades tanto indígenas como criollas que habitan la región. Estas comunidades tienen el derecho a construirse un futuro más allá de convertirse en meros trabajadores asalariados de las empresas mineras y a la destrucción definitiva de sus territorios, sus hábitats y sus culturas. 
Todo lo anterior, se magnifica debido a la extraordinaria opacidad y aparente improvisación con que se realizó este proyecto.
En tal sentido nos preocupa enormemente el desconocimiento del historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el AMO. En los pocos casos donde se ha informado el nombre de alguna empresa, existen dudas sobre las responsabilidades que asumirán las mismas con la legislación y futuro del país.
Asimismo, es alarmante la incertidumbre sobre quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación ambiental. Como fue denunciado previamente por la Red ARA, un precedente nefasto fue la eliminación del Ministerio del Ambiente en el año 2015 y la posterior creación de un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. El primero de ellos, creado en 1977, había acumulado una extensa experiencia en materia de metodologías y prácticas relacionadas con el control ambiental. Por su parte, el nuevo ministerio se crea sobre una base doctrinaria política y no técnica, a partir del cual no solo se desechó el legado de experiencias y conocimientos del Ministerio del Ambiente, sino que se ha producido un desmantelamiento sistemático del capital humano de esa institución a través de la persecución, hostigamiento y menoscabo de las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboran en el mismo.
Más recientemente, en un nuevo y peligroso giro institucional, el Presidente de la República anunció la creación de un “Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico”, que entre otras competencias tendría la de conceder las autorizaciones ambientales en el AMO. Resulta por lo menos asombroso pensar en un Ministerio dirigido a la promoción minera, controle de manera idónea y responsable el desempeño ambiental de las cientos de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos mineros en toda el área incluida en el AMO. Esto último además, sin experiencia previa, ni estructura organizativa, funcional, ni operativa.
En función de lo anterior, la Red ARA considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales debido a la diseminación a gran escala de contaminantes. En tal sentido, consideramos que, si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios presentes en la zona.
En contraste con el AMO, creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un “Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco”, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables, tales como la agroecología, el ecoturismo y el uso sustentable de los recursos biológicos locales, entre otras posibilidades. Ello sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias. Estas propuestas pueden resultar en un desarrollo productivo a largo plazo de las comunidades locales tanto indígenas como criollas.
Por estas razones, la Red ARA:
  • Exige al Ejecutivo Nacional derogar de manera inmediata el Decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016. 
  • Exhorta a las autoridades nacionales y regionales a iniciar un diálogo efectivo, incluyente y democrático con todos los actores sociales en la Guayana venezolana, conducente a iniciar un programa de desarrollo regional basado en criterios de sustentabilidad, democracia, justicia social, participación protagónica y respeto por los derechos humanos. 
  • Alerta a la comunidad internacional y en particular a las organizaciones ambientalistas en todo el mundo a activarse en el rechazo al proyecto del Arco Minero del Orinoco y en solicitar al Ejecutivo Nacional de Venezuela derogarlo de manera inmediata. 
  • Propone a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones, movimientos ambientales, organizaciones de desarrollo social, de defensa de los Derechos Humanos, grupos de opinión, universidades, academias, y otras instituciones del país, a unir fuerzas en la defensa de los derechos ambientales de Venezuela y en este contexto en el rechazo unánime y activo contra el decreto del Arco Minero del Orinoco. 

Red ARA / Junio 2016 
Contactos Comité Coordinador Red Ara
Luis Jiménez 0416 3625377
Marjorie Sosa 04166241681
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Cualquier otro detalle pueden consultar el Blog de la Red ARA

Comunicado conjunto de las Academias Nacionales: A todos los venezolanos (13-06-2016)

A todos los venezolanos Las Academias Nacionales consideran su indeclinable deber ciudadano dirigirse a todos los venezolanos, sin distinción alguna, en un delicado momento de la historia venezolana que demanda de todos el máximo esfuerzo y una entrega patriótica para la superación de los más graves problemas que aquejan a toda la población del país. 
Durante los últimos años las Academias Nacionales, individualmente o en conjunto, han venido alertando a los venezolanos y a los entes del Poder Público acerca de las decisiones que han afectado y afectan los destinos del país en las más diversas áreas. 
Hemos expresado nuestro dolor ante la trágica situación del sector salud. Muy recientemente nos hemos solidarizado con las pautas económicas brindadas por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Nos hemos referido al estado de los servicios públicos y hemos propuesto acciones para su mejoría. Hemos alertado sobre el cuido de nuestros recursos naturales y las amenazas que se ciernen sobre el ambiente. Hemos hecho firmes señalamientos sobre el uso de la historia y los peligros que entraña para la conciencia histórica de los venezolanos, nos hemos pronunciado acerca del delicado problema de las fronteras y en particular sobre el tema del Esequibo. Nos sumamos a la angustia colectiva ante la inseguridad personal y los peligros que atentan contra los bienes públicos y privados. 
Hemos clamado por correctivos y mejoras del proceso educativo en todos los niveles, que comprende no solo la enseñanza, sino el soporte para que ella ocurra satisfactoriamente, desde la buena alimentación de los educandos, hasta la planta física requerida para impartirla. Hemos exhortado a mantener un discurso elevado en el debate de los asuntos públicos. La universidad ha sido objeto de nuestro más firme respaldo en sus justas demandas y la celosa defensa de su autonomía. Hemos alertado sobre el deterioro notable en la actividad científica de la nación, medida en términos de productividad intelectual, aplicaciones tecnológicas e innovaciones. 
Las Academias estamos conscientes de la responsabilidad moral, ética, ciudadana, institucional que nos corresponde en las circunstancias que afronta nuestra patria. Por ello hacemos un exhorto a todos los venezolanos, en todos los rincones del país, de todas las tendencias políticas, de credos religiosos, a dejar de lado todas las actuaciones que conduzcan a enfrentamientos y violencia; más bien, dedicarnos con fortaleza a vencer la desesperanza y la resignación. Debemos asumir con vigor y certeza nuestra capacidad para encontrarnos en la tarea común de procurarnos bienestar, felicidad colectiva y solidaridad. 
Es el momento de rendir el mayor respeto a la Constitución, a su letra, sin interpretaciones particulares. En este sentido, es menester velar por que la autonomía y equilibrio de poderes sea garante de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder. La representación popular expresada en la Asamblea Nacional debe ser respetada en sus competencias de aprobar leyes, evaluar la gestión del Ejecutivo y exigir las rendiciones de cuenta que considere pertinentes, aprobar el presupuesto y otras que aseguren el ejercicio democrático y los intereses de los representados. El Tribunal Supremo de Justicia debe entender su papel como equilibrio de los poderes y su rol como garante del Estado de Derecho. El Poder Electoral tiene una tarea fundamental para hacer de la voluntad popular una realidad democrática y debe facilitar la expresión del querer político de los venezolanos. El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos es la política que se impone a todos los Poderes Públicos. 
La democracia se debe ganar, probar y defender cada día. Cada día los gobernantes deben sentir y obedecer el reclamo democrático de sus electores y saber rendirse ante ellos. Cuando los ciudadanos reclaman la satisfacción de sus más indispensables necesidades, es obligación del Gobierno establecer políticas que cumplan con la demanda de un irrenunciable y legítimo derecho a una vida digna en un Estado Democrático y de Derecho. 
Es preciso recurrir al soberano para que exprese libremente, dentro del marco de la Constitución su voluntad política sobre la conducción de los destinos del país, dentro de un sistema que se ajuste a lo que señala, sin más sesgo ideológico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al definirnos como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Art. 2). Para lograrlo, nuestra Carta Magna estipula procedimientos democráticos, pacíficos y electorales que al ser activados permitirán a la nación y sus ciudadanos superar las dificultades del momento y construir la nación civil y civilizada a la que todos aspiramos. A nuestro llamado de exigir esos derechos, se suma nuestra obligación de trabajar activamente en pro de su concreción, teniendo presente nuestro papel de asesores de los Poderes Públicos en las materias de nuestras especialidades, así establecidos en nuestros respectivos Estatutos de creación.
Caracas, a los trece días del mes de junio de 2016. 
Alfredo Díaz Bruzual, Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
Eugenio Hernández-Bretón, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
Humberto García Larralde, Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas 
Inés Quintero Montiel, Directora de la Academia de la Historia 
Horacio Biord Castillo, Director de la Academia Venezolana de la Lengua 
Gonzalo Morales, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

viernes, 10 de junio de 2016

Carta Abierta de la APUCV a Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Manuel Torrijos



ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UCV
Carta abierta a Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Manuel Torrijos
El diálogo forma parte esencial de la vida universitaria pues constituye un valor íntimamente vinculado con la libertad de pensamiento y el debate de ideas.
Al trasmitir en el proceso educativo los valores de  la solidaridad, igualdad, tolerancia, entendimiento mutuo, respeto de los derechos humanos, no violencia, respeto de la vida y la dignidad humanas, facilitan las bases para un diálogo fructífero, trasparente y sincero.
Dialogar no es hablar. Menos aun cuando su finalidad es la solución de conflictos.
Autoridades universitarias, gremios profesorales y movimiento estudiantil, hemos participado en las mesas de diálogo convocadas por el gobierno. Nunca nos hemos negado a participar en ellas y siempre el resultado ha sido igual: el uso propagandístico del mismo, la ausencia de solución a los problemas planteados y el desconocimiento de los acuerdos alcanzados.
Para tratar la problemática universitaria, el Estado venezolano creó el Consejo Nacional de Universidades, instancia en la cual convergen el Ministro, las Universidades y representantes profesorales y estudiantiles. El presupuesto universitario y las Normas de Homologación (contrato de trabajo del sector docente)  formaban parte de los temas a ser tratados en el mismo. Esta instancia, para el debate de ideas, ni discute el presupuesto y desconoce nuestro contrato de trabajo. No es el diálogo lo que allí se practica, es la imposición de una estrategia dirigida a destruir la universidad venezolana, libre, plural y democrática.
La crisis universitaria está conduciendo a que miles  de nuestros estudiantes están abandonando las aulas para emigrar. Ya cientos de profesores han renunciado y la mayoría ha salido del país. El hambre se ha convertido en parte de nuestras vidas pues nuestro salario apenas asciende, en el mejor de los casos, a 50 $ mensuales.
El día de hoy los universitarios  paralizamos nuestras actividades ante  la violación del contrato de trabajo y el incumplimiento de los acuerdos alcanzado con el Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en  noviembre de 2015.  Han pasado seis meses y nada de lo acordado se ha cumplido. Esos son los frutos del diálogo.
Ciudadanos ex presidentes, como miembros de la sociedad civil venezolana les exigimos no contribuir con su presencia a un FALSO DIALOGO  o serán corresponsables de una explosión social a punto de estallar.
Los universitarios tenemos una larga trayectoria de lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos.
Desde nuestras instituciones  salimos a protestar  contra la Guerra de Vietnam, contra la invasión a la República Dominicana, en defensa del derecho al Canal de Panamá, contra la dictadura Franquista, por la libertad de los presos políticos, contra la tortura y las desapariciones.
Quienes nos oponemos al gobierno nacional hemos sido conminados a abandonar el país, acusados de traidores, vende patria, escuálidos, derechitas y  fascistas, entre otras cosas. Hoy se nos insulta y mañana se nos invita a “dialogar”. Tenemos 17 años soportando una práctica política basada en el irrespeto y la persecución a las ideas contrarias.
Podrán recibir de nuestra parte observaciones y críticas a su actuación, pero jamás les daremos un trato irrespetuoso.
Uno de ustedes fue calificado de fascista, Obama de pobre ignorante, Aznar de lacayo del imperio y genocida y Uribe de mafioso, criminal, servil y farsante, por solo citar algunos.
El anterior Secretario General de la OEA insultado en varias oportunidades, al igual que el actual.
Los representantes de la Iglesia Católica catalogados de vagos, vagamundos, inmorales y sinvergüenza.
Quienes hoy gobiernan la nación nunca profesaron como valor el dialogo ni la defensa de la democracia.  Algunos provienen de los movimientos guerrilleros de los años 60 alzados en arma contra presidentes democráticamente electo (Rómulo Betancourt y Raúl Leoni),  otros participaron en dos intentos de golpes de estado contra el ex Presidente Carlos Andrés Pérez,  violando  el juramento militar. Uno, que llegó  a ser Canciller de la República,  es conocido en el ámbito universitario por ser protagonista de los jueves de encapuchado.  Algunos  participaron en la masacre del El Amparo.  La mayoría de ellos auparon el llamado “caracazo” y  no son precisamente promotores de la paz y el diálogo.
Estos mismos actores fueron protagonista de un intento de golpe al Rector de la Universidad Central de Venezuela, en el año 2001, a través de la toma violenta de la Sala de sesiones del Consejo Universitario. Acción planificada, coordinada y  financiada  por la  Vicepresidenta de la República. Desde ese entonces  toda la universidad venezolana ha sido objeto de actos de violencia contra sus autoridades, gremios, dirigencia estudiantil y profesoral.
La UCV, patrimonio mundial de la Humanidad,  ha visto afectada su planta física por los actos de violencia y  más de 70 denuncia presentadas ante  la Fiscalía General de la República, siguen  sin recibir respuesta.  Sus autores, vinculados al partido de gobierno.
Han reaparecido los presos políticos y la tortura hacia la disidencia.
Si han venido a promover un  diálogo fructífero y sincero  la guía esta en las palabras de Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
La única exigencia que les hacemos es que  conminen al gobierno nacional a  respetar   la Constitución.  Ella es la norma suprema  y el fundamento del ordenamiento jurídico y todas las personas y los órganos  que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución.
La misma en su artículo 5°  señala que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución  y en la Ley  e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular  y a ella están sometidos”.
La sociedad  venezolana hablo el 6 de diciembre. En la Constitución está la salida a la crisis que hoy vivimos y que los ciudadanos decidimos activar: EL REFERENDUM REVOCATORIO.
Formalmente los invitamos a la sede de la Asociación de Profesores de la UCV para que conozcan una visión de la situación nacional distinta a la proveniente de las organizaciones políticas.
Víctor Márquez Corao - Presidente de APUCV
Caracas, 08 de junio de 2016.