MANIFIESTO DE PROFESORES DE LA UCV

El 1º de noviembre de 2016, se dio lectura pública en rueda de prensa, al Manifiesto de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), acto que tuvo lugar en el Auditorio de la APUCV. 
Quienes suscriben este documento son una muestra de las adhesiones que se registraron para el momento de la lectura ante los periodistas. Estamos seguros que se suman muchas otras firmas y compromisos de actuación de quienes forman/formamos parte de la comunidad de profesores de la Universidad Central de Venezuela.

Acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela, en Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos 23.10.2016

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos ACUERDO PARA LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que el día 20 de Octubre del presente año, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, decidieron sin fundamentos sólidos e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho a revocar al pueblo venezolano, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación;

CONSIDERANDO

Que Venezuela ha asumido válidamente compromisos internacionales relacionados con la garantía de la democracia y de los Derechos Humanos;

CONSIDERANDO

Que está pendiente la designación de tres rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, los cuales fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; y que el desempeño que, la mayoría de ellos, han tenido desde esa fecha conspira contra la democracia y revela una evidente parcialidad política, y que está en curso la designación de dos rectores principales con sus suplentes, cuyos períodos vencen en diciembre de este año;

CONSIDERANDO

Que en diciembre de 2015, de manera irregular y fraudulenta se designaron Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución y el derecho de participación ciudadana; los cuales junto a los demás magistrado, en su desempeño han terminado de desmantelar el estado de derecho, subordinándose a las órdenes del poder ejecutivo,

CONSIDERANDO

Que está en curso una investigación sobre la probable doble nacionalidad del Presidente de la República, la cual debe concluir a la brevedad; que Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada, y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado las funciones constitucionales de la Presidencia de la República,

CONSIDERANDO

Que la Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar y defender la Constitución, en lugar de subordinarse a una parcialidad política y que la obediencia debida no los exime de responsabilidad por la violación de Derechos Humanos,

CONSIDERANDO

Que en virtud del artículo 333, todos los ciudadanos estamos en el deber y derecho de restablecer la efectiva vigencia de la constitución.

ACUERDA

PRIMERO: Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela.

SEGUNDO: Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia.

TERCERO: Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de Referendo Revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela.

CUARTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.

QUINTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho. SEXTO: Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la materia.

SÉPTIMO: Conformar una comisión especial de alto nivel parlamentario encargada de desarrollar y definir las decisiones emanadas de este acuerdo para restituir el orden constitucional.

OCTAVO: Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

NOVENO: Convocar al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el art 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del Orden Constitucional.

DÉCIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

HENRY RAMOS ALLUP Presidente
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ Primer Vicepresidente	JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Segundo Vicepresidente
ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS Secretario	JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario

Declaración Conjunta: APUCV - FCU - APUFAT

Como instituciones representativas del profesorado, el estudiantado y los profesionales de la UCV...

DECLARACION CONJUNTA

Las Juntas Directivas de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y la Asociación de Profesionales Universitarios en funciones Administrativas y Técnicas, reunidas el día de hoy, luego de evaluar la actual situación nacional, acuerdan pronunciarse en los siguientes términos.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Nacional es el pacto social que nos dimos los venezolanos para garantizar el progreso social y la convivencia pacífica, en virtud de lo cual  todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo

Que siendo Venezuela  un Estado democrático,  social  de Derecho y  Justicia, que propugna como valores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, resulta inadmisible la decisión gubernamental de impedir todo proceso electoral en abierta complicidad con otras instituciones del Estado.

Que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, ejerciéndola directamente en la forma prevista en La Constitución y la ley, e indirectamente, mediante el sufragio siendo  un derecho constitucional  revocar el mandato de los funcionarios electos.

Que los ciudadanos  cumplieron con los requisitos constitucionalmente establecidos para convocar un proceso revocatorio del ciudadano Presidente de la República, y  es obligación del Consejo Nacional Electoral garantizar dicho derecho sin crear  requisitos inconstitucionales  que buscan retrasar  el proceso  revocatorio negando así el derecho  del pueblo a pronunciarse libremente. 

Que la aprobación del presupuesto de la nación es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y no de una inexistente asamblea popular o del Tribunal Supremo de Justicia

Que siendo mandato expreso de la Ley que las universidades  contribuyan  con la orientación doctrinaria del país, nos vemos en la obligación de denunciar  la desaparición del Estado de Derecho en Venezuela y, por ende el fin de la democracia y el establecimiento de una dictadura.

Las razones que nos conducen a tan grave afirmación están contenidas en el Informe que presentó el Secretario General de la OEA  ante el Consejo Permanente para invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana púes en el mismo  se evidencia la violación de los  elementos esenciales de la democracia: El "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[...]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.   

Como instituciones representativas del profesorado, el estudiantado y los profesionales de la UCV

ACORDAMOS

1)      Respaldar la decisión de la Asamblea Nacional de desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que  contrarían  valores, principios y garantías  democráticas y lesionan  derechos fundamentales.

2)      Participar en un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

3)      Emplazar al CNE para que fije el cronograma de realización del Referéndum Revocatorio al mandato del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, en el año 2016.

4)      Exhortar al Consejo Universitario de la UCV a fijar posición sobre la situación nacional y a  evaluarla con rigurosidad académica la validez de las decisiones adoptadas por  la Asamblea Nacional. Como decía Desmond Tutu: "si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor".

5)      Recordar que la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece  que “toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.”

6)      Ratificar que es atribución de la Asamblea Nacional discutir y aprobar el presupuesto nacional, razón por la cual la decisión del TSJ usurpa una función que no le compete  y, por mandato constitucional su decisión es ineficaz y sus actos nulos.

7)      Ratificar que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, y en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, razón por la cual debe cesar en el uso del término Fuerza Nacional Bolivariana, desconocer las milicias populares y dejar de reconocerse chavista.

8)      Recordar a  quienes compete que ° Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

9)      Reivindicamos el  Artículo 350 que señala. ° El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

10)   Acompañar todas las acciones que sean necesarias para recuperar la democracia y poner fin a un gobierno que violando la Constitución desconoce derechos humanos.

11)   Hacer público el presente acuerdo, remitirlo a la Asamblea Nacional, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a la Organización de Estados Americanos, a la UNASUR y a las Naciones Unidas.

12)   Hacer entrega del mismo en todas las embajadas del país.

Víctor Márquez Corao                  Hasler Iglesias                   Ángel García Butto

 Presidente de APUCV            Presidente de la FCU       Presidente de APUFAT

Publicado en Boletín de APUCV Informa Nº 694 del Caracas 18/10/2016

Comunicado FCU-UCV: Nuestras libertades son irrevocables.

COMUNICADO

Ante la situación actual del país, desde la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), manifestamos nuestro rechazo ante el abuso de poder del Gobierno Nacional que, utilizando los poderes públicos y violando la constitución, decidió suspender un derecho constitucional y democrático, como es la convocatoria de un referéndum revocatorio.

Es por ello que los estudiantes hacemos un llamado a toda la juventud venezolana y sociedad civil a acompañar todas las acciones de calle que se realizaran para garantizar el respeto a la voluntad de todos los venezolanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Frente al abuso de poder, expresado claramente por el Gobierno Nacional al aprobar un presupuesto sin el aval de la Asamblea Nacional, frente a los arrebatos y constantes violaciones a los derechos humanos, frente al irrespeto a la constitución, las leyes y la democracia, frente a la persecución y acoso a quienes piensan distinto y el impedimento de realizar elecciones libres y transparentes, los estudiantes nos pronunciamos ante lo que claramente es una dictadura.

No se puede seguir llamando democrático a un Gobierno que tranca las vías electorales y constitucionales y los estudiantes no vamos a seguir reconociéndolo como tal. Así como Gómez tembló en el 28, y Pérez Jiménez se fue en el 58, no habrá dictadura que soporte al pueblo organizado defendiendo sus derechos en la calle. No seremos nosotros los que abandonaremos esta lucha histórica por libertad. Ante las arbitrariedades y autoritarismos, los estudiantes seguiremos buscando independencia y civilismo. No vamos a claudicar, nos vamos a mantener en las calles, ¡nuestras libertades son irrevocables!

Es por ello que convocamos una gran asamblea universitaria el próximo lunes 24 de octubre a las 09:00 am en Plaza Cubierta de la UCV.

Publicado a través de @UCEVISTAS el 21/10/2016

Comunicado AVERU: Orden Constitucional, Derechos Humanos y REvocatorio 2016

COMUNICADO

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se dirige a la opinión pública para fijar posición ante las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que afectan la organización y funcionamiento del Poder Público y atentan contra el  artículo 136 de nuestra Carta Magna.

En tal sentido manifestamos que la AVERU como asociación donde confluyen las Universidades Venezolanas en su función rectora de la educación, cultura y ciencia al servicio de la nación, pone a disposición del País los espacios académicos e institucionales para la libre discusión de esta problemática, e insta al Poder Público a dar cumplimiento a la Constitución Nacional, como norma fundamental que organiza y establece las bases de la convivencia pacífica, de los valores, principios y garantías democráticas, así como el respeto a los derechos fundamentales.  Por lo tanto:

CONSIDERANDO

Que el desconocimiento de la organización  y principios democráticos establecidos en nuestra Carta Magna, lesionan y profundizan la crisis institucional  por la violación del estado de derecho y la democracia, que deben ser asumidos por  las instancias públicas  velando por su integridad y efectiva vigencia.

CONSIDERANDO

Que el País viene sufriendo un decaimiento progresivo en las Instituciones que conforman el Poder Público, y concretamente de las atribuciones que le son propias y definidas en la Constitución a la cual deben sujetarse sus decisiones,  por lo que la usurpación de los poderes de los otros órganos constitucionales por uno o varios de ellos confabulados,  acarrean la nulidad de sus actos como ocurre con las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO

Que es flagrante el desconocimiento del Orden Constitucional y la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, lo cual obliga a AVERU a hacer un llamado a las organizaciones democráticas nacionales e internacionales, a acudir con su mediación para evitar el colapso definitivo de la democracia venezolana y la crisis humanitaria que afecta a nuestra población.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por transgredir las normas constitucionales excediendo la autoridad que le ha sido otorgada, y limitando las competencias del Poder Legislativo, pilar de la democracia por ser producto de la votación libre, universal, directa y secreta, mecanismo mediante el cual los ciudadanos participan en los asuntos públicos por medio de sus representantes elegidos.

SEGUNDO: Exigir a los órganos y funcionarios que ejercen el Poder Público, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 333 de la Constitución Nacional como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico el restablecimiento y cumplimiento de todos sus preceptos, por lo cual la Sala Constitucional debe actuar con independencia y objetividad por mandato expreso del articulo 254 ejusdem, con el fin de garantizar la plena y efectiva vigencia de nuestra Carta Magna.

TERCERO: AVERU exhorta al Poder  Ejecutivo, el Judicial, el Ciudadano, el Legislativo y el Electoral a cumplir el rol institucional que les compete, en aras a  atender la dramática crisis económica, social, de salud y alimentaria que agobia a la población venezolana,  que atenta contra los derechos a la vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia y con ello a  la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político característico de una democracia cabal

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE RECTORES UNIVERSITARIOS

Caracas, 18 de octubre  de 2016

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ                            PRESIDENTA
 MARIO BONUCCI ROSSINI                                      VICE-PRESIDENTE
BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY                              SECRETARIO

REFERENDO REVOCATORIO 2016...
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ASOVAC - Caracas frente a las nuevas agresiones al Instituto de Medicina Tropical UCV

 

Distribuida a través de la Lista de correo de AsoVAC el Lunes 13 de junio de 2016

MANIFIESTO POR EL REVOCATORIO

Venezuela esta conmovida, sacudida en sus cimientos por el fracaso de un modelo político y social.

Vivimos los estertores de un régimen que usurpó las principales consignas de redención social, trastocándolas en mamparas para tratar ocultar el más grande robo y despilfarro perpetrado en nuestro país, desde los días difíciles de la entrada de Boves a Caracas. 

Las calles son recorridas por filas de gente procurando obtener de cualquier manera los insumos del sustento cotidiano. 

A la ausencia atroz de alimentos se le une, en macabra alianza, la escasez de medicamentos que mata a los niños, y pacientes en general, que la terrible inseguridad reinante no ha aún aniquilado. 

El país está cruzado de protestas que en grado de creciente violencia anuncian que este bravo pueblo está llegando a los límites de la desesperación, más no de la desesperanza. 

Es aquí donde sentimos que una operación política como la que está implícita en el esfuerzo que hemos llamado Foro por el Cambio Democrático, tiene cabida y sustento.  

Un grupo grande de consecuentes luchadores políticos,  que jamás abandonaron sus puestos de pelea en la exitosa ruta democrática que ha transitado la oposición venezolana, con formación y experiencia, agrupados en diversas instancias de reflexión y acción a lo largo de todo el país; nuevamente nos sentimos convocados a ejercer esa esperanza que mantiene a Venezuela, con cada vez más precariedad, en los linderos de la paz.

Ofrecemos el concurso de nuestros saberes para la creación de las líneas políticas que coadyuven en la confluencia de satisfacer los motivos de esa enorme y justificada ira nacional, con la consolidación de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional que siente las bases de una Venezuela próspera, productiva, solidaria, culta y profundamente democrática. 

Un Gobierno de Unidad Nacional que nos permita salir, más temprano que tarde, de esta caverna obscura donde nos ha conducido la repetición insensata de un modelo que históricamente ha garantizado élites corrompidas, represión, irrespeto a los Derechos Humanos y naciones preteridas y depauperadas, sin más institucionalidad que la sumisión a un estado que pretende controlarlo todo.

Para que un nuevo gobierno así dirija al país, se requiere de una propuesta política robusta y poderosa, capaz de convocar al más amplio abanico de voluntades, que conjugue la gobernabilidad de un pueblo desesperado por las necesidades con las propuestas económicas, sociales y administrativas que nos acerquen aceleradamente a las exigentes condiciones de gestión pública del mundo de hoy.

Esa propuesta es conocida y ha mostrado su fortaleza y su eficacia cuando ha sido bien utilizada, nos referimos a la Unidad, no reducida al uso más o menos astuto de su fuerza de convocatoria, sino orientada hacia un poderoso movimiento creativo de participación que le abra las puertas a la capacidad emprendedora de nuestra población. 

Para el Foro Democrático, la defensa de ese concepto de unidad tiene carácter prioritario, imprescindible para el logro del cambio que proclamamos.

Reconocemos en la MUD un ente fundamental en esta lucha unitaria, a apoyarla irán buena parte de nuestros esfuerzos, sabiendo, como en la MUD se sabe, que la Unidad requerida está más allá de su área de influencia. 

Un buen ejemplo de ello es la lucha por derogar el decreto ecocida del llamado arco minero de Guayana o la lucha por lograr que la ayuda sanitaria internacional llegue YA a manos de nuestros pacientes.

Apegados a la ruta democrática, es de la Constitución de donde sacamos nuestras propuestas de cambio.

Nos hacemos voceros del clamor que surge de todos los rincones del país expresado en exigencia de que se realicen  las elecciones de gobernadores, con un amplio proceso de primarias y acuerdos que nos permita conquistar las 24 gobernaciones, según cada realidad local. 

Es una meta exigente pero factible. 

Es en la expresión de la voluntad ciudadana dónde está el meollo es este asunto, por ello  privilegiamos al Referendo Revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro como la tarea política fundamental del momento. 

Esta propuesta ha sido reconocida mundialmente; además, y esto es lo fundamental, ha sido asumida por el pueblo venezolano con singular entusiasmo. 

Toda la vena totalitaria del madurismo se brotó. 

Al saberse derrotados, han hecho uso partidista del TSJ y del resto del aparato del estado para impedirlo, mereciendo una diplomática reprimenda en la reciente reunión del Consejo Permanente de la OEA. 

No han tenido el menor escrúpulo para infundir, infructuosamente, desaliento en una población que ya perdió la paciencia y el miedo, dejando por fuera muy poco de lo que caracteriza a una dictadura.

El Foro Democrático se organiza para difundir, promover, organizar y garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer este derecho constitucional. 

El Referéndum no es objeto de negociación alguna, es el símbolo político de la lucha social en la Venezuela de hoy. 

Para nosotros es inseparable reclamar comida, medicinas o servicios públicos y exigir un claro cronograma por parte del CNE que le ponga fin a esta cadena de retardos y trapacerías burocráticas con las que se pretende escamotear la voluntad de las grandes mayorías.

Por otra parte, exigimos a la MUD la más firme y extensa unidad para el Revocatorio.

Convocamos a todos los sectores del país a la movilización pacífica y contundente en defensa de nuestros derechos. 

De todas partes y en todas partes crece el pregón, por encima de bayonetas y fusiles,  anunciando y reclamando el cambio en democracia. 

El Foro Democrático se incorpora con entusiasmo y dedicación, a la decisión que ya Venezuela tomó: ¡EL REFERENDUM VA!  Esto no tiene vuelta atrás.

Caracas, 03 de junio de 2016.

Manifiesto del FORO CAMBIO DEMOCRÁTICO, leído por Ricardo Ríos, representante profesoral en el Consejo Universitario de la UCV

ARIGlobal: Venezuela y el Estado de excepción. Responsabilidad de Proteger

María Elena Pinto(Profa FACES/ARIG)

Desde la década de los 1990, la manera en que la Comunidad Internacional ha venido abordando lo relativo a la efectiva promoción y protección de los derechos humanos a nivel global ha experimentado transformaciones de importancia. En los años 1990, cobró fuerza la tesis de la intervención humanitaria conforme a la cual la Comunidad Internacional tenía el deber de actuar ante situaciones de grave violación de los derechos humanos; en estos casos, la soberanía del Estado no podía ser invocada como argumento en contra de una intervención de la Comunidad Internacional, pues se partía de la premisa de que los derechos humanos estaban por encima de cualquier otra doctrina o consideración legal.  La noción de la intervención humanitaria suscitó desde entonces enconados debates,  por motivos que merecen examen aparte. En 2005, durante la Cumbre Mundial de Naciones Unidas, la Comunidad Internacional da un paso al frente en la formulación de los parámetros que debían servir de base a su accionar en materia de protección de los derechos humanos al acoger la idea de la responsabilidad de proteger en su resolución final, que posteriormente es abordada con mayor detenimiento en el Reporte del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas A/63/677, de fecha 12 de enero de 2009, denominado:  “Implementando la responsabilidad de proteger”.

De acuerdo con estos dos documentos, la responsabilidad de proteger recae, en primera instancia, en cada Estado; éste es responsable de proteger a sus ciudadanos de la comisión de crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes en contra de la humanidad.  El Estado está obligado a prevenir que tales crímenes puedan materializarse y debe actuar de manera oportuna para evitar incluso su incitación.  Resulta interesante observar que el Reporte del Secretario General mencionado supra identifica de manera clara y precisa algunas de las buenas prácticas de la acción estatal que resultan necesarias para propiciar un entorno poco proclive a la ocurrencia de crímenes contra los derechos humanos, las cuales configurarían lo que dentro de este Reporte se entiende como soberanía responsable: si entendemos que la soberanía es un atributo esencial e incuestionable del Estado, ella entraña no solo un conjunto de potestades sino, por encima de todo, de responsabilidades para con los ciudadanos.  Entre estos atributos del ejercicio responsable de la soberanía cabe mencionar los siguientes:

• La promoción y manejo efectivo de la diversidad. Los Estados deben llevar a la práctica el principio de la no discriminación y propiciar que todos sus ciudadanos disfruten de sus derechos en condiciones de igualdad: “La Soberanía Responsable se basa en la política de la inclusión y no de la exclusión”  (Naciones Unidas, 2009: p. 10).
• El respeto irrestricto de los derechos humanos, consagrados en los diversos instrumentos jurídicos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de los Refugiados, así como en el Estatuto de Roma.
• La sanción efectiva de los crímenes contra los derechos humanos, evitando así la impunidad de este tipo de violaciones.
• La existencia de instituciones fuertes y la ausencia de divisiones sociales significativas. De acuerdo con el Reporte A/63/677, los crímenes contra los derechos humanos esenciales no ocurren simplemente, sino que son el resultado de decisiones políticas deliberadas por parte de líderes que se aprovechan de las divisiones sociales y de la debilidad institucional en sus Estados.

Ubicándonos dentro de este marco conceptual,  tiene sentido que nos preguntemos acerca del ejercicio de esta responsabilidad de proteger por parte del Estado venezolano. Día a día, los ciudadanos de este país nos vemos sometidos a todo tipo de trabas para el ejercicio efectivo de nuestros derechos humanos fundamentales, expresadas en hechos tan denigrantes como la escasez de alimentos producto de los efectos severos de las políticas económicas gubernamentales en el aparato productivo; la carencia de medicamentos y de condiciones para la debida atención de la salud; los obstáculos erigidos a la libertad de información, manifestados en una legislación que ha dado pie al cierre de numerosos medios de comunicación independientes y a la práctica de la autocensura por parte de aquellos que aún sobreviven a las rígidas regulaciones estatales; la represión violenta de la que han sido objeto diversas expresiones de oposición política;la creciente inseguridad que cada día cobra más víctimas y que hace de Venezuela uno de los países con mayor índice de personas asesinadas anualmente producto de la delincuencia. A todo lo anterior debe sumarse la virtual inexistencia de una separación e independencia de poderes, evidenciada en la clarísima sumisión del poder judicial a los dictámenes del ejecutivo, la interpretación a conveniencia de las normas legales con la finalidad de hacer cada vez más difícil el ejercicio de la oposición política que en toda democracia debería ser la norma, amén del discurso de quienes ocupan las máximas funciones públicas, cargado de expresiones ofensivas y a todas luces excluyentes respecto a quienes no comparten la ideología gubernamental. Si miramos todos estos indicadores tomando como referencia los parámetros que la Comunidad Internacional ha consagrado en la noción de responsabilidad de proteger, está claro que el gobierno venezolano tiene una deuda enorme con su población.

Como si no bastara lo anteriormente señalado, nos encontramos ahora en un escenario aderezado con el reciente decreto de “Estado de excepción” por parte del gobierno. La posición de la Comunidad Internacional sobre este tipo de medidas extremas es absolutamente clara. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1966,  por ejemplo, expresa en su Artículo 27, numeral 1, que:

“En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención (…)”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 en el marco de la ONU, establece en su Artículo 4, numeral 1, que:

“En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes del presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en la virtud de este Pacto (…)”.

Ambas Convenciones, sin embargo, añaden que la posibilidad de establecer los Estados de Excepción en forma alguna exime al Estado de dar fiel cumplimiento a derechos y garantías elementales como el derecho a la vida, libertad de credo, integridad personal, legalidad, prohibición de la tortura, entre otras.

Observando la redacción de tan importantes pactos internacionales, que Venezuela ha suscrito, no podemos menos que preguntarnos cuál es la “emergencia que amenaza la independencia o seguridad del Estado” o la “situación excepcional” que motiva la adopción de una medida extrema como lo es el Estado de Excepción, más aún cuando la declaratoria se produce en términos vagos e imprecisos, aduciendo apenas la existencia de “amenazas externas”, intentos de “golpe de estado” y sin clarificar el lapso de vigencia a los términos de la excepcionalidad. Pareciera que en Venezuela el cumplimiento de las más elementales normas en materia de derechos humanos es lo excepcional y que la responsabilidad de proteger está dirigida más hacia el ejercicio del poder que hacia los ciudadanos.

Si la Comunidad Internacional ya venía mirando con preocupación la situación de Venezuela, este nuevo añadido ha abonado a las legítimas inquietudes existentes en el seno de escenarios multilaterales como la Organización de los Estados Americanos. En efecto, el Secretario General de la OEA ha señalado que está estudiando el caso venezolano y examinando la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA, así como la potencial aplicación de la Carta Interamericana. Pocas dudas caben que la situación en Venezuela hace que cada día crezcan los cuestionamientos respecto a la calidad de sus instituciones democráticas y la disposición de sus autoridades a respetar y hacer valer las normas jurídicas que consagran y protegen los derechos más esenciales.

Publicado en UCV Noticias el 17 de mayo 2016