El Ministerio del Ambiente una institución para la Venezuela Sustentable posible

El anuncio presidencial del pasado 2 de Febrero de subordinar el Ministerio del Ambiente al Ministerio de la Vivienda y Hábitat y  el cambio del termino “Ambiente” por “Ecosocialismo”, de concretarse constituiría un colapso para la  gestión ambiental en Venezuela. Si bien nunca se  estuvo del todo satisfecho con el desempeño del Ministerio del Ambiente desde su propia creación en el año 1977 y siempre se exigió más, de ponerse el ejecútese  al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo el mandato ambiental del país se vería  gravemente  trastocado especialmente  por:

1 La reducción  de la acción ambiental del Estado a un ámbito absolutamente parcial y sectorial, en abierta contradicción  con el comprobado carácter transversal de una temática con implicaciones para las distintas actividades humanas: sociales, económicas, educativas, culturales, científico-técnica.

2 La imposibilidad que al subnivel de Vice-Ministerio se puedan dar respuestas cabales   a  las complejas obligaciones nacionales e internacionales establecidas en el  robusto y ramificado  cuerpo legislativo ambiental que se  ha venido construyendo especialmente  desde la creación del Ministerio del Ambiente. La normativa ambiental venezolana ha sido concebida en el entendido que la máxima autoridad ambiental se ejerce en el país desde un Despacho del más  alto nivel jerárquico en la toma de decisiones.  

3 El debilitamiento de la fundamentación científico-técnica de la gestión ambiental nacional  al supeditar  al  muy brumoso y errático  Ecosocialismo,  las orientaciones mundialmente cotejadas y aceptadas  que se derivaron primero del  Ecodesarrollo –refrendado en la Cumbre sobre el Medio Ambiente Humano  organizada por la ONU en  Estocolmo, 1972- y posteriormente por  el desarrollo sostenible –  acogido en la Cumbre sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ONU  de Río de Janeiro,  1992-,  propuesta alternativa esta  que en Venezuela tiene rango constitucional- 

Ante estos retrocesos ya diversas organizaciones de la sociedad civil ambientalista  han  planteando diversas acciones para intentar revertir democráticamente  la inconveniente decisión presidencial  a ejecutarse  el próximo mes de Enero. En Confianza UCV esperamos que con el reinicio de actividades las Universidades se adhieran a estas iniciativas, y  de manera especial llamamos a la incorporación decidida de los profesores  que conforman  la comunidad del conocimiento ambiental en la UCV- Institución con logros académicos en este campo inclusive antes de la creación del Ministerio del Ambiente- en esta lucha por el restablecimiento del arreglo institucional necesario para responder  a las obligaciones intergeneracionales que el Estado Venezolano  ha asumido con el desarrollo sustentable del país y del Planeta.

RECHAZO A LA AGRESIÓN A LA PROTESTA ESTUDIANTIL

Como integrantes de la comunidad académica de la UCV, deseamos manifestar nuestro rechazo a la injusta, desmedida e inconstitucional respuesta que el gobierno nacional ha dado a las protestas encabezadas por el movimiento estudiantil. La respuesta a las acciones de los estudiantes ha movilizado a policías, guardias nacionales, cuerpos de inteligencia del Estado, fiscales y jueces, todos puestos al servicio de la represión.

Caso extremo de esta conducta represiva, ha sido el desmantelamiento de los campamentos estudiantiles, sin duda alguna una forma pacífica de protesta, asaltados al amparo de la madrugada por un verdadero ejército armado para la ejecución de esta “valiente” operación. No merecen ningún comentario las insólitas denuncias presentadas por el Ministro de Interior y Justicia, después de esta “exitosa” batalla.  

Como se puede ver, es todo el aparato del Estado en ejercicio del más abierto autoritarismo, con el intencionado esfuerzo por sacar de la protesta pública a toda una generación, ya que además de aumentar cada día el número de jóvenes detenidos, dejan a los otros bajo un régimen de presentación que los excluye automáticamente del ejercicio ciudadano de la protesta, hasta que sea sobreseído el caso respectivo.

Mientras, se proclama demagógicamente un "gobierno de calle estudiantil" y se estimula la formación de "patriotas cooperantes" (en realidad, infiltrados y soplones), enrareciendo aún más las relaciones sociales y el comportamiento ético en el país.

Una patria se cuida con la atención, la educación, el bienestar físico y mental de sus jóvenes. Una patria se defiende con la formación, el ejercicio del libre pensamiento, las convicciones y la mística de sus jóvenes. Una patria progresa cuando se abren oportunidades para el crecimiento y desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones.

Por todas estas razones, sumamos nuestras voces a las que hoy exigen la libertad de los estudiantes de la UCV: Sairam Rivas, en cuyo caso estamos en presencia de una clara retaliación política, ya que no le perdonan haber derrotado a los violentos representantes del gobierno en su propio enclave de la Escuela de Trabajo Social, Manuel Cotiz, Chistian Gil, Dioris Albarrán, Abril Tovar, Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Anderson Briceño, Carlos Pérez y Ángel Contreras.

Como ciudadanos venezolanos,  le exigimos al Gobierno Nacional el más estricto cumplimiento de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: el derecho a la protesta, los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,  de la cual  Venezuela es signataria, así como el cese inmediato de la represión y la libertad plena de todos los estudiantes detenidos.

Sirvan los datos aportados por el Foro Penal Venezolano para hacernos una mejor idea de las dimensiones cuantitativas de la represión:

·   Libertad con medidas cautelares:1532 (84 Menores de edad)

·   Por verificar: 444 (15 Menores de edad)

·   Libertad plena: 399 (48 Menores de edad)

·   Libertad sin presentación: 171 (12 Menores de edad)

·   Privados de libertad: 161 (7 Menores de edad)

·   Retenidos: 156 (14 Menores de edad)

·   Total: 2863 (180 Menores de edad)