APUCV convoca al profesorado: contribuir con la restitución del Hilo constitucional

“Si no hay justicia para el pueblo

Que no haya paz para el gobierno”

                               Emiliano Zapata

LA APUCV CONVOCA AL PROFESORADO A CONTRIBUIR CON LA RESTITUCIÓN DEL HILO CONSTITUCIONAL 

Con estricto apego a lo establecido en el Artículo primero de la Ley de Universidades, que define a la misma  como “esencialmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en  la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”, acuerda dirigirse a nuestros agremiados, a quienes nos toca educar y a la sociedad venezolana para exponer con rigurosidad metodológica nuestra posición con respecto a los últimos acontecimientos que afectan el destino de la nación.

Los valores trascendentales del hombre tienen su origen en la Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano (1789) la cual, en su artículo dos, establecía que “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”

De igual manera establecía en su artículo tercero que “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.” Y en su artículo diez y seis  estipulaba que “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.”

Esos valores trascendentales fueron recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948,  firmada por el Estado Venezolano.

Dicha declaración en su Preámbulo señala que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”; y que “es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”

En correspondencia con tales valores y principios la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  reconoce que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que  los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos (art.5) que el  Estado garantizará  los derechos humanos, su respeto por los órganos del Poder Público (art.19) y que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (art.23).

Es con fundamento en el análisis de estos derechos y las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional, los Tribunales de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral que ratificamos la pérdida del hilo constitucional y por ende el establecimiento de un gobierno dictatorial. Tal conclusión se deriva de los siguientes hechos violatorios de la Constitución:

a)      Corresponde a la Asamblea Nacional aprobar el presupuesto de la nación (art.187, #6) y no al TSJ, organismo que desconoció una institución del Estado emanada de la soberanía popular y que tiene entre sus atribuciones designar a los integrantes del TSJ.

b)      Los Tribunales penales no tienen competencia en el área electoral y por  ende su decisiones  estuvieron al margen del derecho, más aún cuando las evidencias que supuestamente evidenciaban un fraude electoral fueron desechadas y el CNE  convalidó el 1% de la firmas recolectadas.

c)       El CNE, al posponer la recolección del 20%  convalidó una  actuación ilegal de los Tribunales Penales,  desconoció un derecho constitucional, obviando que  “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (art.25)

d)      Todo lo anterior evidencia la ausencia de separación de poderes y la absoluta subordinación de los mismos a los intereses del partido  de gobierno.

La Junta Directiva de la APUCV con fundamento en los artículos 333, 350 constitucional y en la Declaración Universal de los Derechos humanos resuelve:

1)      Exhortar al profesorado a dar ejemplo de apego a la Constitución y la Ley de Universidades, dando lectura de este texto en los salones de clase y debatirlo con los alumnos.

2)      Invitarlos a la Asamblea General Universitaria a llevarse a efecto el lunes 24 de octubre, a las 9 am,  en la Plaza Cubierta del Rectorado, razón por la cual la actividad normal debe ser suspendida y sustituida por la asamblea de los ciudadanos universitarios.

3)       Ante la ruptura del hilo constitucional denunciado por la Asamblea Nacional, solicitar un nuevo pronunciamiento del Consejo Universitario

4)      Exhortar a los miembros de la comunidad universitaria a movilizarse en el marco de la resistencia pacífica y acompañar todas aquellas acciones  dirigidas a restablecer la democracia en el país.

5)      Respaldar a la Asamblea Nacional en todas aquellas acciones dirigidas a preservar la constitución y restablecer la democracia en Venezuela.

6)      Invitar a las Asociaciones de Profesores hermanas a pronunciarse públicamente.

7)      Hasta tanto no se restituya el hilo constitucional nos declaramos en estado de emergencia 

Caracas, 23 de octubre de 2016.

Declaración Conjunta: APUCV - FCU - APUFAT

Como instituciones representativas del profesorado, el estudiantado y los profesionales de la UCV...

DECLARACION CONJUNTA

Las Juntas Directivas de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y la Asociación de Profesionales Universitarios en funciones Administrativas y Técnicas, reunidas el día de hoy, luego de evaluar la actual situación nacional, acuerdan pronunciarse en los siguientes términos.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Nacional es el pacto social que nos dimos los venezolanos para garantizar el progreso social y la convivencia pacífica, en virtud de lo cual  todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo

Que siendo Venezuela  un Estado democrático,  social  de Derecho y  Justicia, que propugna como valores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, resulta inadmisible la decisión gubernamental de impedir todo proceso electoral en abierta complicidad con otras instituciones del Estado.

Que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, ejerciéndola directamente en la forma prevista en La Constitución y la ley, e indirectamente, mediante el sufragio siendo  un derecho constitucional  revocar el mandato de los funcionarios electos.

Que los ciudadanos  cumplieron con los requisitos constitucionalmente establecidos para convocar un proceso revocatorio del ciudadano Presidente de la República, y  es obligación del Consejo Nacional Electoral garantizar dicho derecho sin crear  requisitos inconstitucionales  que buscan retrasar  el proceso  revocatorio negando así el derecho  del pueblo a pronunciarse libremente. 

Que la aprobación del presupuesto de la nación es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y no de una inexistente asamblea popular o del Tribunal Supremo de Justicia

Que siendo mandato expreso de la Ley que las universidades  contribuyan  con la orientación doctrinaria del país, nos vemos en la obligación de denunciar  la desaparición del Estado de Derecho en Venezuela y, por ende el fin de la democracia y el establecimiento de una dictadura.

Las razones que nos conducen a tan grave afirmación están contenidas en el Informe que presentó el Secretario General de la OEA  ante el Consejo Permanente para invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana púes en el mismo  se evidencia la violación de los  elementos esenciales de la democracia: El "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[...]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.   

Como instituciones representativas del profesorado, el estudiantado y los profesionales de la UCV

ACORDAMOS

1)      Respaldar la decisión de la Asamblea Nacional de desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que  contrarían  valores, principios y garantías  democráticas y lesionan  derechos fundamentales.

2)      Participar en un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

3)      Emplazar al CNE para que fije el cronograma de realización del Referéndum Revocatorio al mandato del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, en el año 2016.

4)      Exhortar al Consejo Universitario de la UCV a fijar posición sobre la situación nacional y a  evaluarla con rigurosidad académica la validez de las decisiones adoptadas por  la Asamblea Nacional. Como decía Desmond Tutu: "si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor".

5)      Recordar que la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece  que “toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.”

6)      Ratificar que es atribución de la Asamblea Nacional discutir y aprobar el presupuesto nacional, razón por la cual la decisión del TSJ usurpa una función que no le compete  y, por mandato constitucional su decisión es ineficaz y sus actos nulos.

7)      Ratificar que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, y en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, razón por la cual debe cesar en el uso del término Fuerza Nacional Bolivariana, desconocer las milicias populares y dejar de reconocerse chavista.

8)      Recordar a  quienes compete que ° Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

9)      Reivindicamos el  Artículo 350 que señala. ° El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

10)   Acompañar todas las acciones que sean necesarias para recuperar la democracia y poner fin a un gobierno que violando la Constitución desconoce derechos humanos.

11)   Hacer público el presente acuerdo, remitirlo a la Asamblea Nacional, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a la Organización de Estados Americanos, a la UNASUR y a las Naciones Unidas.

12)   Hacer entrega del mismo en todas las embajadas del país.

Víctor Márquez Corao                  Hasler Iglesias                   Ángel García Butto

 Presidente de APUCV            Presidente de la FCU       Presidente de APUFAT

Publicado en Boletín de APUCV Informa Nº 694 del Caracas 18/10/2016

Manifiesto universitario

Manifiesto universitario

PROFESORES DE LA UCV CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL REFERENDO REVOCATORIO

No es una exageración afirmar que el país conoce la peor crisis de su historia. Nunca como en estos tiempos el pueblo venezolano se había visto sometido a condiciones de existencia tan difíciles. Los graves males que afligen a la república se manifiestan en todos los órdenes de la vida nacional y agobian implacablemente la vida de los ciudadanos. La aguda escasez de bienes esenciales, en particular alimentos y medicinas no solo ha significado una precarización de la existencia individual y social, sino que es la causa directa de inenarrable sufrimiento y muerte. La inflación más alta del mundo ha pulverizado la capacidad adquisitiva de sueldos y salarios haciendo más pobres a los que ya lo eran y empobreciendo a amplias capas de la sociedad, entre ellas a los estratos profesionales a  que pertenecen los profesores universitarios. El desempleo afecta a la quinta parte de la población laboral y el subempleo y la informalidad a más de la mitad de la restante. El sistema productivo nacional ha sido conducido al colapso, mientras que las importaciones, que otrora compensaran artificialmente la insuficiencia inducida del aparato económico, no bastan para asegurar la subsistencia de la población. La inseguridad reina por doquier como consecuencia de la ineptitud gubernamental para poner en práctica políticas que ataquen las causas estructurales del delito y permitan sancionar ejemplarmente a los delincuentes con arreglo a las leyes vigentes. En lugar de ello, el sistema judicial ha sido convertido en una burocracia ineficiente y venal cooptada al servicio del régimen político. La corrupción, flagelo histórico, ha alcanzado niveles astronómicos a la vera del aparato estatal arruinando el país al paso que creaba una nueva y desmesuradamente rica oligarquía. En el proceso de deterioro institucional y envilecimiento moral que la corrupción ha producido han desempeñado un papel protagónico organizaciones que, como las fuerzas armadas y otros instrumentos del poder público tenían por misión combatirla y no sucumbir a ella. El discurso oficial exalta la violencia como garantía de  conservación del poder político y niega el derecho democrático a disentir, judicializando las legítimas y pacíficas protestas y descalificando a quienes se le oponen, creando una policía política que se ocupa de perseguirlos con saña, pretendiendo intimidarlos, sometiéndolos a tratos crueles y degradantes y condenándolos a injustas penas por medio de procesos fraudulentos y violatorios de los derechos humanos, indignos de ser denominados legales. Sobresale en la sistemática negación de todo proceder independiente el desvergonzado interés del Ejecutivo, asistido en cómplice subordinación por el Tribunal Supremo de Justicia, de someter a sus arbitrios a la Asamblea Nacional. Un cuadro de inadmisible irrespeto a la Constitución al que se suman la insólita amenaza del presidente de la República de que no habrá revocatorio ni en 2016 ni en 2017, así como la silenciosa y culpable suspensión de las elecciones regionales por un sumiso Consejo Nacional Electoral.
En el curso de las casi dos décadas de gobierno “revolucionario” las instituciones universitarias han sufrido toda suerte de agresiones, desde el estrangulamiento presupuestario hasta los ataques físicos directos contra sus bienes, así como contra los integrantes de su comunidad, autoridades académicas y gremiales incluidas. Invocando la “inclusión”, término desvalorizado por su práctica populista y demagógica, el gobierno nacional ha implementado unas políticas para el sector universitario que lejos de asegurar condiciones para que el mayor número de estudiantes tenga acceso a estudios profesionales de calidad han significado la creación de algunas pseudouniversidades destinadas al proselitismo ideológico, privando a las verdaderas de recursos indispensables para cumplir su cometido, amenazando de extinción la carrera académica y comprometiendo gravemente el futuro del país, todo ello en un clima deliberadamente enrarecido de subestimación de la actividad intelectual, que se presenta en la avasallante propaganda oficial como una especie de veleidad “burguesa”.
La depauperación del profesorado universitario, despiadadamente conducido al umbral de una indigencia sin precedentes en el proceso general de ruina impuesto a las mayorías trabajadoras, no solo revela meridianamente los propósitos gubernamentales de liquidar toda fuente de pensamiento y actuación críticos con el objeto de apropiarse indefinidamente del poder público, sino que constituye un peligrosísimo atentado contra el presente y el porvenir de la nación. 
En nombre de ese porvenir, que es nuestra obligación contribuir a diseñar para las venideras generaciones de venezolanos, pero también en nombre de nuestros derechos presentes constantemente vulnerados por un régimen inicuo y excluyente, nosotros, profesores de la Universidad Central de Venezuela, nos movilizaremos activamente para la realización del referendo revocatorio en este 2016, e invitamos a todos los universitarios y al pueblo atropellado hasta la humillación por el gobierno de Maduro a incorporarse a ese clamor nacional.

Caracas, 18 de octubre de 2016.

Se han consignado firmas y se siguen acumulando. Si quiere añadir sus datos, escriba a Confianza.ucv@gmail.com

ConfianzaUCV acompaña a la Red ARA rechazando el decreto del Arco Minero del Orinoco

La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) se une a diferentes organizaciones y personalidades en el rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo.
Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, desconoce obligaciones establecidas en el texto constitucional; parece derogar de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente.
Tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes: En particular en el mismo resaltan los siguientes aspectos:

• Se está delimitando una zona a ser intervenida de cerca de 112 mil km2. Ésta representa casi 12% del territorio nacional, una superficie similar a países como Cuba o Guatemala. Asimismo se habla de la convocatoria a 150 empresas transnacionales, las cuáles, en la mayor parte de los casos, realizarían minería a cielo abierto. Jamás en la historia previa del país se había planteado esa escala de destrucción ambiental. 
• Se resalta la presencia en el AMO de recursos minerales altamente codiciados tales como: oro, diamante, coltán, hierro, bauxita y tierras raras. Pero a la vez, se oculta el hecho de que la región contiene riquezas mucho más valiosas para el país que estos minerales. Éstas incluyen una muy alta diversidad biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (productoras del 70% de la energía eléctrica nacional); así como diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y Reservas Forestales.
• Se resaltan las fabulosas ganancias que serían derivadas de la explotación de los minerales presentes. Pero no se hace mención de los enormes costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este tipo de proyectos. Éstos pueden incluir la pérdida de especies y ecosistemas únicos; la contaminación del agua; la colmatación de los ríos; la destrucción de paisajes; el aumento del riesgo de catástrofes tecnológicas; la pérdida y contaminación de los suelos; la bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica; la disminución de la calidad del aire; el aumento de enfermedades infecciosas; así como el deterioro derivado, tanto del desarrollo de servicios actualmente inexistentes en el área (vialidad, vivienda, salud, educación) como del posible crecimiento urbano no planificado en los alrededores de las zonas mineras, entre otros efectos. 
• Se intenta convencer al país sobre la supuesta base ecológica (Ecosocialista) que tendrían los proyectos mineros realizados en el AMO. Pero se oculta el hecho de que la experiencia global indica de manera innegable que no existe en ninguna parte del mundo ejemplos de una pretendida “minería ecológica” y mucho menos con las metodologías propuestas. Que por lo contrario la minería es y será una actividad ambientalmente destructiva y a largo plazo económicamente insustentable. Bajo esas premisas, los países responsables, buscan desarrollar proyectos mineros de bajo impacto, a escalas manejables, en territorios estrictamente delimitados por procesos profesionales de ordenación del territorio y bajo control riguroso, tanto gubernamental como social. 
• Aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de que se respetarán los derechos de las comunidades indígenas presentes en el territorio afectado por el AMO, en contraste, diversas organizaciones indígenas han denunciado que estas comunidades no fueron consultadas. Por ello, este proyecto no cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ello es más preocupante, debido a que existen sólidas razones para afirmar que este proyecto vulnerará derechos humanos fundamentales, así como culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades tanto indígenas como criollas que habitan la región. Estas comunidades tienen el derecho a construirse un futuro más allá de convertirse en meros trabajadores asalariados de las empresas mineras y a la destrucción definitiva de sus territorios, sus hábitats y sus culturas. 

Todo lo anterior, se magnifica debido a la extraordinaria opacidad y aparente improvisación con que se realizó este proyecto.
En tal sentido nos preocupa enormemente el desconocimiento del historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el AMO. En los pocos casos donde se ha informado el nombre de alguna empresa, existen dudas sobre las responsabilidades que asumirán las mismas con la legislación y futuro del país.
Asimismo, es alarmante la incertidumbre sobre quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación ambiental. Como fue denunciado previamente por la Red ARA, un precedente nefasto fue la eliminación del Ministerio del Ambiente en el año 2015 y la posterior creación de un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. El primero de ellos, creado en 1977, había acumulado una extensa experiencia en materia de metodologías y prácticas relacionadas con el control ambiental. Por su parte, el nuevo ministerio se crea sobre una base doctrinaria política y no técnica, a partir del cual no solo se desechó el legado de experiencias y conocimientos del Ministerio del Ambiente, sino que se ha producido un desmantelamiento sistemático del capital humano de esa institución a través de la persecución, hostigamiento y menoscabo de las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboran en el mismo.
Más recientemente, en un nuevo y peligroso giro institucional, el Presidente de la República anunció la creación de un “Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico”, que entre otras competencias tendría la de conceder las autorizaciones ambientales en el AMO. Resulta por lo menos asombroso pensar en un Ministerio dirigido a la promoción minera, controle de manera idónea y responsable el desempeño ambiental de las cientos de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos mineros en toda el área incluida en el AMO. Esto último además, sin experiencia previa, ni estructura organizativa, funcional, ni operativa.
En función de lo anterior, la Red ARA considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales debido a la diseminación a gran escala de contaminantes. En tal sentido, consideramos que, si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios presentes en la zona.
En contraste con el AMO, creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un “Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco”, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables, tales como la agroecología, el ecoturismo y el uso sustentable de los recursos biológicos locales, entre otras posibilidades. Ello sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias. Estas propuestas pueden resultar en un desarrollo productivo a largo plazo de las comunidades locales tanto indígenas como criollas.
Por estas razones, la Red ARA:

• Exige al Ejecutivo Nacional derogar de manera inmediata el Decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016. 
• Exhorta a las autoridades nacionales y regionales a iniciar un diálogo efectivo, incluyente y democrático con todos los actores sociales en la Guayana venezolana, conducente a iniciar un programa de desarrollo regional basado en criterios de sustentabilidad, democracia, justicia social, participación protagónica y respeto por los derechos humanos. 
• Alerta a la comunidad internacional y en particular a las organizaciones ambientalistas en todo el mundo a activarse en el rechazo al proyecto del Arco Minero del Orinoco y en solicitar al Ejecutivo Nacional de Venezuela derogarlo de manera inmediata. 
• Propone a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones, movimientos ambientales, organizaciones de desarrollo social, de defensa de los Derechos Humanos, grupos de opinión, universidades, academias, y otras instituciones del país, a unir fuerzas en la defensa de los derechos ambientales de Venezuela y en este contexto en el rechazo unánime y activo contra el decreto del Arco Minero del Orinoco. 

Red ARA / Junio 2016 
Contactos Comité Coordinador Red Ara
Luis Jiménez 0416 3625377
Marjorie Sosa 04166241681
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Cualquier otro detalle pueden consultar el Blog de la Red ARA

Comunicado conjunto de las Academias Nacionales: A todos los venezolanos (13-06-2016)

A todos los venezolanos Las Academias Nacionales consideran su indeclinable deber ciudadano dirigirse a todos los venezolanos, sin distinción alguna, en un delicado momento de la historia venezolana que demanda de todos el máximo esfuerzo y una entrega patriótica para la superación de los más graves problemas que aquejan a toda la población del país. 
Durante los últimos años las Academias Nacionales, individualmente o en conjunto, han venido alertando a los venezolanos y a los entes del Poder Público acerca de las decisiones que han afectado y afectan los destinos del país en las más diversas áreas. 
Hemos expresado nuestro dolor ante la trágica situación del sector salud. Muy recientemente nos hemos solidarizado con las pautas económicas brindadas por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Nos hemos referido al estado de los servicios públicos y hemos propuesto acciones para su mejoría. Hemos alertado sobre el cuido de nuestros recursos naturales y las amenazas que se ciernen sobre el ambiente. Hemos hecho firmes señalamientos sobre el uso de la historia y los peligros que entraña para la conciencia histórica de los venezolanos, nos hemos pronunciado acerca del delicado problema de las fronteras y en particular sobre el tema del Esequibo. Nos sumamos a la angustia colectiva ante la inseguridad personal y los peligros que atentan contra los bienes públicos y privados. 
Hemos clamado por correctivos y mejoras del proceso educativo en todos los niveles, que comprende no solo la enseñanza, sino el soporte para que ella ocurra satisfactoriamente, desde la buena alimentación de los educandos, hasta la planta física requerida para impartirla. Hemos exhortado a mantener un discurso elevado en el debate de los asuntos públicos. La universidad ha sido objeto de nuestro más firme respaldo en sus justas demandas y la celosa defensa de su autonomía. Hemos alertado sobre el deterioro notable en la actividad científica de la nación, medida en términos de productividad intelectual, aplicaciones tecnológicas e innovaciones. 
Las Academias estamos conscientes de la responsabilidad moral, ética, ciudadana, institucional que nos corresponde en las circunstancias que afronta nuestra patria. Por ello hacemos un exhorto a todos los venezolanos, en todos los rincones del país, de todas las tendencias políticas, de credos religiosos, a dejar de lado todas las actuaciones que conduzcan a enfrentamientos y violencia; más bien, dedicarnos con fortaleza a vencer la desesperanza y la resignación. Debemos asumir con vigor y certeza nuestra capacidad para encontrarnos en la tarea común de procurarnos bienestar, felicidad colectiva y solidaridad. 
Es el momento de rendir el mayor respeto a la Constitución, a su letra, sin interpretaciones particulares. En este sentido, es menester velar por que la autonomía y equilibrio de poderes sea garante de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder. La representación popular expresada en la Asamblea Nacional debe ser respetada en sus competencias de aprobar leyes, evaluar la gestión del Ejecutivo y exigir las rendiciones de cuenta que considere pertinentes, aprobar el presupuesto y otras que aseguren el ejercicio democrático y los intereses de los representados. El Tribunal Supremo de Justicia debe entender su papel como equilibrio de los poderes y su rol como garante del Estado de Derecho. El Poder Electoral tiene una tarea fundamental para hacer de la voluntad popular una realidad democrática y debe facilitar la expresión del querer político de los venezolanos. El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos es la política que se impone a todos los Poderes Públicos. 
La democracia se debe ganar, probar y defender cada día. Cada día los gobernantes deben sentir y obedecer el reclamo democrático de sus electores y saber rendirse ante ellos. Cuando los ciudadanos reclaman la satisfacción de sus más indispensables necesidades, es obligación del Gobierno establecer políticas que cumplan con la demanda de un irrenunciable y legítimo derecho a una vida digna en un Estado Democrático y de Derecho. 
Es preciso recurrir al soberano para que exprese libremente, dentro del marco de la Constitución su voluntad política sobre la conducción de los destinos del país, dentro de un sistema que se ajuste a lo que señala, sin más sesgo ideológico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al definirnos como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Art. 2). Para lograrlo, nuestra Carta Magna estipula procedimientos democráticos, pacíficos y electorales que al ser activados permitirán a la nación y sus ciudadanos superar las dificultades del momento y construir la nación civil y civilizada a la que todos aspiramos. A nuestro llamado de exigir esos derechos, se suma nuestra obligación de trabajar activamente en pro de su concreción, teniendo presente nuestro papel de asesores de los Poderes Públicos en las materias de nuestras especialidades, así establecidos en nuestros respectivos Estatutos de creación.
Caracas, a los trece días del mes de junio de 2016. 
Alfredo Díaz Bruzual, Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
Eugenio Hernández-Bretón, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
Humberto García Larralde, Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas 
Inés Quintero Montiel, Directora de la Academia de la Historia 
Horacio Biord Castillo, Director de la Academia Venezolana de la Lengua 
Gonzalo Morales, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Carta Abierta de la APUCV a Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Manuel Torrijos

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UCV

Carta abierta a Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Manuel Torrijos

El diálogo forma parte esencial de la vida universitaria pues constituye un valor íntimamente vinculado con la libertad de pensamiento y el debate de ideas.

Al trasmitir en el proceso educativo los valores de  la solidaridad, igualdad, tolerancia, entendimiento mutuo, respeto de los derechos humanos, no violencia, respeto de la vida y la dignidad humanas, facilitan las bases para un diálogo fructífero, trasparente y sincero.

Dialogar no es hablar. Menos aun cuando su finalidad es la solución de conflictos.

Autoridades universitarias, gremios profesorales y movimiento estudiantil, hemos participado en las mesas de diálogo convocadas por el gobierno. Nunca nos hemos negado a participar en ellas y siempre el resultado ha sido igual: el uso propagandístico del mismo, la ausencia de solución a los problemas planteados y el desconocimiento de los acuerdos alcanzados.

Para tratar la problemática universitaria, el Estado venezolano creó el Consejo Nacional de Universidades, instancia en la cual convergen el Ministro, las Universidades y representantes profesorales y estudiantiles. El presupuesto universitario y las Normas de Homologación (contrato de trabajo del sector docente)  formaban parte de los temas a ser tratados en el mismo. Esta instancia, para el debate de ideas, ni discute el presupuesto y desconoce nuestro contrato de trabajo. No es el diálogo lo que allí se practica, es la imposición de una estrategia dirigida a destruir la universidad venezolana, libre, plural y democrática.

La crisis universitaria está conduciendo a que miles  de nuestros estudiantes están abandonando las aulas para emigrar. Ya cientos de profesores han renunciado y la mayoría ha salido del país. El hambre se ha convertido en parte de nuestras vidas pues nuestro salario apenas asciende, en el mejor de los casos, a 50 $ mensuales.

El día de hoy los universitarios  paralizamos nuestras actividades ante  la violación del contrato de trabajo y el incumplimiento de los acuerdos alcanzado con el Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en  noviembre de 2015.  Han pasado seis meses y nada de lo acordado se ha cumplido. Esos son los frutos del diálogo.

Ciudadanos ex presidentes, como miembros de la sociedad civil venezolana les exigimos no contribuir con su presencia a un FALSO DIALOGO  o serán corresponsables de una explosión social a punto de estallar.

Los universitarios tenemos una larga trayectoria de lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos.

Desde nuestras instituciones  salimos a protestar  contra la Guerra de Vietnam, contra la invasión a la República Dominicana, en defensa del derecho al Canal de Panamá, contra la dictadura Franquista, por la libertad de los presos políticos, contra la tortura y las desapariciones.

Quienes nos oponemos al gobierno nacional hemos sido conminados a abandonar el país, acusados de traidores, vende patria, escuálidos, derechitas y  fascistas, entre otras cosas. Hoy se nos insulta y mañana se nos invita a “dialogar”. Tenemos 17 años soportando una práctica política basada en el irrespeto y la persecución a las ideas contrarias.

Podrán recibir de nuestra parte observaciones y críticas a su actuación, pero jamás les daremos un trato irrespetuoso.

Uno de ustedes fue calificado de fascista, Obama de pobre ignorante, Aznar de lacayo del imperio y genocida y Uribe de mafioso, criminal, servil y farsante, por solo citar algunos.

El anterior Secretario General de la OEA insultado en varias oportunidades, al igual que el actual.

Los representantes de la Iglesia Católica catalogados de vagos, vagamundos, inmorales y sinvergüenza.

Quienes hoy gobiernan la nación nunca profesaron como valor el dialogo ni la defensa de la democracia.  Algunos provienen de los movimientos guerrilleros de los años 60 alzados en arma contra presidentes democráticamente electo (Rómulo Betancourt y Raúl Leoni),  otros participaron en dos intentos de golpes de estado contra el ex Presidente Carlos Andrés Pérez,  violando  el juramento militar. Uno, que llegó  a ser Canciller de la República,  es conocido en el ámbito universitario por ser protagonista de los jueves de encapuchado.  Algunos  participaron en la masacre del El Amparo.  La mayoría de ellos auparon el llamado “caracazo” y  no son precisamente promotores de la paz y el diálogo.

Estos mismos actores fueron protagonista de un intento de golpe al Rector de la Universidad Central de Venezuela, en el año 2001, a través de la toma violenta de la Sala de sesiones del Consejo Universitario. Acción planificada, coordinada y  financiada  por la  Vicepresidenta de la República. Desde ese entonces  toda la universidad venezolana ha sido objeto de actos de violencia contra sus autoridades, gremios, dirigencia estudiantil y profesoral.

La UCV, patrimonio mundial de la Humanidad,  ha visto afectada su planta física por los actos de violencia y  más de 70 denuncia presentadas ante  la Fiscalía General de la República, siguen  sin recibir respuesta.  Sus autores, vinculados al partido de gobierno.

Han reaparecido los presos políticos y la tortura hacia la disidencia.

Si han venido a promover un  diálogo fructífero y sincero  la guía esta en las palabras de Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

La única exigencia que les hacemos es que  conminen al gobierno nacional a  respetar   la Constitución.  Ella es la norma suprema  y el fundamento del ordenamiento jurídico y todas las personas y los órganos  que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución.

La misma en su artículo 5°  señala que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución  y en la Ley  e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular  y a ella están sometidos”.

La sociedad  venezolana hablo el 6 de diciembre. En la Constitución está la salida a la crisis que hoy vivimos y que los ciudadanos decidimos activar: EL REFERENDUM REVOCATORIO.

Formalmente los invitamos a la sede de la Asociación de Profesores de la UCV para que conozcan una visión de la situación nacional distinta a la proveniente de las organizaciones políticas.

Víctor Márquez Corao - Presidente de APUCV

Caracas, 08 de junio de 2016.