Distribuida a través de la Lista de correo de AsoVAC el Lunes 13 de junio de 2016
miércoles, 15 de junio de 2016
martes, 14 de junio de 2016
ConfianzaUCV acompaña a la Red ARA rechazando el decreto del Arco Minero del Orinoco
Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, desconoce obligaciones establecidas en el texto constitucional; parece derogar de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente.
Tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes: En particular en el mismo resaltan los siguientes aspectos:
- Se está delimitando una zona a ser intervenida de cerca de 112 mil km2. Ésta representa casi 12% del territorio nacional, una superficie similar a países como Cuba o Guatemala. Asimismo se habla de la convocatoria a 150 empresas transnacionales, las cuáles, en la mayor parte de los casos, realizarían minería a cielo abierto. Jamás en la historia previa del país se había planteado esa escala de destrucción ambiental.
- Se resalta la presencia en el AMO de recursos minerales altamente codiciados tales como: oro, diamante, coltán, hierro, bauxita y tierras raras. Pero a la vez, se oculta el hecho de que la región contiene riquezas mucho más valiosas para el país que estos minerales. Éstas incluyen una muy alta diversidad biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (productoras del 70% de la energía eléctrica nacional); así como diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y Reservas Forestales.
- Se resaltan las fabulosas ganancias que serían derivadas de la explotación de los minerales presentes. Pero no se hace mención de los enormes costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este tipo de proyectos. Éstos pueden incluir la pérdida de especies y ecosistemas únicos; la contaminación del agua; la colmatación de los ríos; la destrucción de paisajes; el aumento del riesgo de catástrofes tecnológicas; la pérdida y contaminación de los suelos; la bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica; la disminución de la calidad del aire; el aumento de enfermedades infecciosas; así como el deterioro derivado, tanto del desarrollo de servicios actualmente inexistentes en el área (vialidad, vivienda, salud, educación) como del posible crecimiento urbano no planificado en los alrededores de las zonas mineras, entre otros efectos.
- Se intenta convencer al país sobre la supuesta base ecológica (Ecosocialista) que tendrían los proyectos mineros realizados en el AMO. Pero se oculta el hecho de que la experiencia global indica de manera innegable que no existe en ninguna parte del mundo ejemplos de una pretendida “minería ecológica” y mucho menos con las metodologías propuestas. Que por lo contrario la minería es y será una actividad ambientalmente destructiva y a largo plazo económicamente insustentable. Bajo esas premisas, los países responsables, buscan desarrollar proyectos mineros de bajo impacto, a escalas manejables, en territorios estrictamente delimitados por procesos profesionales de ordenación del territorio y bajo control riguroso, tanto gubernamental como social.
- Aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de que se respetarán los derechos de las comunidades indígenas presentes en el territorio afectado por el AMO, en contraste, diversas organizaciones indígenas han denunciado que estas comunidades no fueron consultadas. Por ello, este proyecto no cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ello es más preocupante, debido a que existen sólidas razones para afirmar que este proyecto vulnerará derechos humanos fundamentales, así como culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades tanto indígenas como criollas que habitan la región. Estas comunidades tienen el derecho a construirse un futuro más allá de convertirse en meros trabajadores asalariados de las empresas mineras y a la destrucción definitiva de sus territorios, sus hábitats y sus culturas.
En tal sentido nos preocupa enormemente el desconocimiento del historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el AMO. En los pocos casos donde se ha informado el nombre de alguna empresa, existen dudas sobre las responsabilidades que asumirán las mismas con la legislación y futuro del país.
Asimismo, es alarmante la incertidumbre sobre quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación ambiental. Como fue denunciado previamente por la Red ARA, un precedente nefasto fue la eliminación del Ministerio del Ambiente en el año 2015 y la posterior creación de un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. El primero de ellos, creado en 1977, había acumulado una extensa experiencia en materia de metodologías y prácticas relacionadas con el control ambiental. Por su parte, el nuevo ministerio se crea sobre una base doctrinaria política y no técnica, a partir del cual no solo se desechó el legado de experiencias y conocimientos del Ministerio del Ambiente, sino que se ha producido un desmantelamiento sistemático del capital humano de esa institución a través de la persecución, hostigamiento y menoscabo de las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboran en el mismo.
Más recientemente, en un nuevo y peligroso giro institucional, el Presidente de la República anunció la creación de un “Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico”, que entre otras competencias tendría la de conceder las autorizaciones ambientales en el AMO. Resulta por lo menos asombroso pensar en un Ministerio dirigido a la promoción minera, controle de manera idónea y responsable el desempeño ambiental de las cientos de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos mineros en toda el área incluida en el AMO. Esto último además, sin experiencia previa, ni estructura organizativa, funcional, ni operativa.
En función de lo anterior, la Red ARA considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales debido a la diseminación a gran escala de contaminantes. En tal sentido, consideramos que, si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios presentes en la zona.
En contraste con el AMO, creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un “Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco”, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables, tales como la agroecología, el ecoturismo y el uso sustentable de los recursos biológicos locales, entre otras posibilidades. Ello sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias. Estas propuestas pueden resultar en un desarrollo productivo a largo plazo de las comunidades locales tanto indígenas como criollas.
Por estas razones, la Red ARA:
- Exige al Ejecutivo Nacional derogar de manera inmediata el Decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016.
- Exhorta a las autoridades nacionales y regionales a iniciar un diálogo efectivo, incluyente y democrático con todos los actores sociales en la Guayana venezolana, conducente a iniciar un programa de desarrollo regional basado en criterios de sustentabilidad, democracia, justicia social, participación protagónica y respeto por los derechos humanos.
- Alerta a la comunidad internacional y en particular a las organizaciones ambientalistas en todo el mundo a activarse en el rechazo al proyecto del Arco Minero del Orinoco y en solicitar al Ejecutivo Nacional de Venezuela derogarlo de manera inmediata.
- Propone a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones, movimientos ambientales, organizaciones de desarrollo social, de defensa de los Derechos Humanos, grupos de opinión, universidades, academias, y otras instituciones del país, a unir fuerzas en la defensa de los derechos ambientales de Venezuela y en este contexto en el rechazo unánime y activo contra el decreto del Arco Minero del Orinoco.
Red ARA / Junio 2016
Contactos Comité Coordinador Red Ara
Luis Jiménez 0416 3625377
Marjorie Sosa 04166241681
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Cualquier otro detalle pueden consultar el Blog de la Red ARA
Comunicado conjunto de las Academias Nacionales: A todos los venezolanos (13-06-2016)
A todos los venezolanos
Las Academias Nacionales consideran su indeclinable deber ciudadano dirigirse a todos los
venezolanos, sin distinción alguna, en un delicado momento de la historia venezolana que
demanda de todos el máximo esfuerzo y una entrega patriótica para la superación de los más
graves problemas que aquejan a toda la población del país.
Durante los últimos años las Academias Nacionales, individualmente o en conjunto, han venido alertando a los venezolanos y a los entes del Poder Público acerca de las decisiones que han afectado y afectan los destinos del país en las más diversas áreas.
Hemos expresado nuestro dolor ante la trágica situación del sector salud. Muy recientemente nos hemos solidarizado con las pautas económicas brindadas por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Nos hemos referido al estado de los servicios públicos y hemos propuesto acciones para su mejoría. Hemos alertado sobre el cuido de nuestros recursos naturales y las amenazas que se ciernen sobre el ambiente. Hemos hecho firmes señalamientos sobre el uso de la historia y los peligros que entraña para la conciencia histórica de los venezolanos, nos hemos pronunciado acerca del delicado problema de las fronteras y en particular sobre el tema del Esequibo. Nos sumamos a la angustia colectiva ante la inseguridad personal y los peligros que atentan contra los bienes públicos y privados.
Hemos clamado por correctivos y mejoras del proceso educativo en todos los niveles, que comprende no solo la enseñanza, sino el soporte para que ella ocurra satisfactoriamente, desde la buena alimentación de los educandos, hasta la planta física requerida para impartirla. Hemos exhortado a mantener un discurso elevado en el debate de los asuntos públicos. La universidad ha sido objeto de nuestro más firme respaldo en sus justas demandas y la celosa defensa de su autonomía. Hemos alertado sobre el deterioro notable en la actividad científica de la nación, medida en términos de productividad intelectual, aplicaciones tecnológicas e innovaciones.
Las Academias estamos conscientes de la responsabilidad moral, ética, ciudadana, institucional que nos corresponde en las circunstancias que afronta nuestra patria. Por ello hacemos un exhorto a todos los venezolanos, en todos los rincones del país, de todas las tendencias políticas, de credos religiosos, a dejar de lado todas las actuaciones que conduzcan a enfrentamientos y violencia; más bien, dedicarnos con fortaleza a vencer la desesperanza y la resignación. Debemos asumir con vigor y certeza nuestra capacidad para encontrarnos en la tarea común de procurarnos bienestar, felicidad colectiva y solidaridad.
Es el momento de rendir el mayor respeto a la Constitución, a su letra, sin interpretaciones particulares. En este sentido, es menester velar por que la autonomía y equilibrio de poderes sea garante de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder. La representación popular expresada en la Asamblea Nacional debe ser respetada en sus competencias de aprobar leyes, evaluar la gestión del Ejecutivo y exigir las rendiciones de cuenta que considere pertinentes, aprobar el presupuesto y otras que aseguren el ejercicio democrático y los intereses de los representados. El Tribunal Supremo de Justicia debe entender su papel como equilibrio de los poderes y su rol como garante del Estado de Derecho. El Poder Electoral tiene una tarea fundamental para hacer de la voluntad popular una realidad democrática y debe facilitar la expresión del querer político de los venezolanos. El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos es la política que se impone a todos los Poderes Públicos.
La democracia se debe ganar, probar y defender cada día. Cada día los gobernantes deben sentir y obedecer el reclamo democrático de sus electores y saber rendirse ante ellos. Cuando los ciudadanos reclaman la satisfacción de sus más indispensables necesidades, es obligación del Gobierno establecer políticas que cumplan con la demanda de un irrenunciable y legítimo derecho a una vida digna en un Estado Democrático y de Derecho.
Es preciso recurrir al soberano para que exprese libremente, dentro del marco de la Constitución su voluntad política sobre la conducción de los destinos del país, dentro de un sistema que se ajuste a lo que señala, sin más sesgo ideológico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al definirnos como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Art. 2). Para lograrlo, nuestra Carta Magna estipula procedimientos democráticos, pacíficos y electorales que al ser activados permitirán a la nación y sus ciudadanos superar las dificultades del momento y construir la nación civil y civilizada a la que todos aspiramos. A nuestro llamado de exigir esos derechos, se suma nuestra obligación de trabajar activamente en pro de su concreción, teniendo presente nuestro papel de asesores de los Poderes Públicos en las materias de nuestras especialidades, así establecidos en nuestros respectivos Estatutos de creación.
Caracas, a los trece días del mes de junio de 2016.
Alfredo Díaz Bruzual, Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Eugenio Hernández-Bretón, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Humberto García Larralde, Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Inés Quintero Montiel, Directora de la Academia de la Historia
Horacio Biord Castillo, Director de la Academia Venezolana de la Lengua
Gonzalo Morales, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Durante los últimos años las Academias Nacionales, individualmente o en conjunto, han venido alertando a los venezolanos y a los entes del Poder Público acerca de las decisiones que han afectado y afectan los destinos del país en las más diversas áreas.
Hemos expresado nuestro dolor ante la trágica situación del sector salud. Muy recientemente nos hemos solidarizado con las pautas económicas brindadas por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Nos hemos referido al estado de los servicios públicos y hemos propuesto acciones para su mejoría. Hemos alertado sobre el cuido de nuestros recursos naturales y las amenazas que se ciernen sobre el ambiente. Hemos hecho firmes señalamientos sobre el uso de la historia y los peligros que entraña para la conciencia histórica de los venezolanos, nos hemos pronunciado acerca del delicado problema de las fronteras y en particular sobre el tema del Esequibo. Nos sumamos a la angustia colectiva ante la inseguridad personal y los peligros que atentan contra los bienes públicos y privados.
Hemos clamado por correctivos y mejoras del proceso educativo en todos los niveles, que comprende no solo la enseñanza, sino el soporte para que ella ocurra satisfactoriamente, desde la buena alimentación de los educandos, hasta la planta física requerida para impartirla. Hemos exhortado a mantener un discurso elevado en el debate de los asuntos públicos. La universidad ha sido objeto de nuestro más firme respaldo en sus justas demandas y la celosa defensa de su autonomía. Hemos alertado sobre el deterioro notable en la actividad científica de la nación, medida en términos de productividad intelectual, aplicaciones tecnológicas e innovaciones.
Las Academias estamos conscientes de la responsabilidad moral, ética, ciudadana, institucional que nos corresponde en las circunstancias que afronta nuestra patria. Por ello hacemos un exhorto a todos los venezolanos, en todos los rincones del país, de todas las tendencias políticas, de credos religiosos, a dejar de lado todas las actuaciones que conduzcan a enfrentamientos y violencia; más bien, dedicarnos con fortaleza a vencer la desesperanza y la resignación. Debemos asumir con vigor y certeza nuestra capacidad para encontrarnos en la tarea común de procurarnos bienestar, felicidad colectiva y solidaridad.
Es el momento de rendir el mayor respeto a la Constitución, a su letra, sin interpretaciones particulares. En este sentido, es menester velar por que la autonomía y equilibrio de poderes sea garante de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder. La representación popular expresada en la Asamblea Nacional debe ser respetada en sus competencias de aprobar leyes, evaluar la gestión del Ejecutivo y exigir las rendiciones de cuenta que considere pertinentes, aprobar el presupuesto y otras que aseguren el ejercicio democrático y los intereses de los representados. El Tribunal Supremo de Justicia debe entender su papel como equilibrio de los poderes y su rol como garante del Estado de Derecho. El Poder Electoral tiene una tarea fundamental para hacer de la voluntad popular una realidad democrática y debe facilitar la expresión del querer político de los venezolanos. El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos es la política que se impone a todos los Poderes Públicos.
La democracia se debe ganar, probar y defender cada día. Cada día los gobernantes deben sentir y obedecer el reclamo democrático de sus electores y saber rendirse ante ellos. Cuando los ciudadanos reclaman la satisfacción de sus más indispensables necesidades, es obligación del Gobierno establecer políticas que cumplan con la demanda de un irrenunciable y legítimo derecho a una vida digna en un Estado Democrático y de Derecho.
Es preciso recurrir al soberano para que exprese libremente, dentro del marco de la Constitución su voluntad política sobre la conducción de los destinos del país, dentro de un sistema que se ajuste a lo que señala, sin más sesgo ideológico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al definirnos como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Art. 2). Para lograrlo, nuestra Carta Magna estipula procedimientos democráticos, pacíficos y electorales que al ser activados permitirán a la nación y sus ciudadanos superar las dificultades del momento y construir la nación civil y civilizada a la que todos aspiramos. A nuestro llamado de exigir esos derechos, se suma nuestra obligación de trabajar activamente en pro de su concreción, teniendo presente nuestro papel de asesores de los Poderes Públicos en las materias de nuestras especialidades, así establecidos en nuestros respectivos Estatutos de creación.
Caracas, a los trece días del mes de junio de 2016.
Alfredo Díaz Bruzual, Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Eugenio Hernández-Bretón, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Humberto García Larralde, Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Inés Quintero Montiel, Directora de la Academia de la Historia
Horacio Biord Castillo, Director de la Academia Venezolana de la Lengua
Gonzalo Morales, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
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